Congresistas republicanos presentan proyectos de ley contra ciudades y escuelas “santuario”

Proponen quitar fondos federales, incluyendo educativos, a instituciones y ciudades que protejan a los inmigrantes
Congresistas republicanos presentan proyectos de ley contra ciudades y escuelas “santuario”

A pocos días de que Donald J. Trump ascienda a la presidencia de los Estados Unidos, varios congresistas republicanos presentaron medidas para castigar a ciudades, escuelas y universidades que protejan a los inmigrantes, quitándoles fondos federales.

Las medidas no son nuevas, algunos, como Lou Barletta de Pennsylvania, llevan 5 años presentando el mismo proyecto. La diferencia es que ahora el Congreso es más republicano –al menos la  Cámara- y el presidente electo ha prometido apoyar el castigo a las llamadas “ciudades santuario”.

Barletta, un descendiente de italianos que ha hecho carrera con medidas anti inmigrantes desde que era alcalde de Hazleton, Pennsylvania, anunció la presentación de la medida con bombos y platillos con un comunicado: “La primera medida de Barleta, quitar fondos a ciudades santuarios”, reza en letras mayúsculas el anuncio en su página web.

“Ahora tendremos un presidente que si va a aplicar las leyes migratorias”, dijo Barleta en un programa de radio en una emisora conservadora, donde el tema es pan de cada día. “Este gobierno realmente no estaba interesado en las leyes” (un mito común en medios conservadores, a pesar de las casi 3 millones de deportaciones de Obama).

Barletta recordó a la audiencia que, como alcalde de Hazleton, hace diez años “presenté la primera ley del país contra los inmigrantes, me demandaron y se convirtió en un gran tema”.

Un gran tema que, por cierto, terminó en fracaso. La ley nunca se aplicó, la ciudad de Hazleton quedó con millones de dólares en gastos legales y los inmigrantes no se fueron de la ciudad, sino que continuaron llegando, renovándola y creando nueva prosperidad en ese municipio.  El que salió bien parado fue Barleta, que de alcalde de un municipio pequeño, pasó al Congreso de los Estados Unidos gracias a la fama de “luchador” contra los “delincuentes ilegales”.

Otros dos congresistas también propusieron o dijeron que presentarán medidas similares en la primera semana del 115 Congreso de los Estados Unidos. El republicano de California Duncan Hunter tiene en el tintero una medida que castigaría a las “universidades santuario” con la suspensión de fondos de Title IV, Pell Grants y préstamos estudiantiles subsidiados, todos los cuales afectarían principalmente a estudiantes de bajos recursos y de minorías.

La propuesta de Hunter ya se ha aprobado anteriormente en la Cámara, pero nunca logró ir más allá.

Finalmente, el republicano de Maryland Andy Harris propone una medida que “cortaría fondos”a las instituciones de educación superior que “no cumplan con solicitudes federales de la policía local para detener a inmigrantes sin papeles o cuando el gobierno federal busca información sobre inmigrantes en esas instituciones”.

Actualmente, las autoridades migratorias siguen la política de no realizar actividades en “lugares vulnerables” como escuelas, iglesias y hospitales, pero esto es una política y no una ley. Numerosos colegios y universidades se han declarado “santuario” o han dicho que protegerán la información de sus alumnos y no permitirán la presencia de ICE en sus recintos.

Durante la campaña, Trump dijo en más de una ocasión que apoyaba quitar fondos a los llamados “santuarios”.

En su discurso de inmigración realizado en Phoenix en Agosto, Trump dijo que “Vamos a bloquear fondos para las ciudades santuario … no más fondos, terminaremos con las ciudades del santuario que han resultado en tantas muertes innecesaria. Las ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dinero de los contribuyentes, y trabajaremos con el Congreso para para proteger con leyes a las jurisdicciones que ayuden a las autoridades federales”.

Qué tan lejos quiera llegar Trump para conminar a ciudades y universidades a colaborar con las deportaciones va a depender de su voluntad política y también probablemente, de la constitución ya que la Corte Suprema ha establecido anteriormente límites para el uso de fondos federales en obligar a los estados a cumplir con objetivos del gobierno federal.