Primera demanda contra el Presidente Trump alega que imperio económico abriría paso a corrupción

El presidente se ha negado a seguir la tradición de otros mandatarios de despojarse de sus negocios y ponerlos en manos de una entidad independiente. Demanda indica que inversiones "representan una grave a amenaza para los Estados Unidos y sus ciudadanos".
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Primera demanda contra el Presidente Trump alega que imperio económico abriría paso a corrupción

Donald Trump prometió “acabar con la corrupción en Washington” y utilizó un eslogan pegadizo en sus mítines de campaña: “vamos a drenar el pantano”, queriendo decir que eliminaría a los corruptos de la capital del país.

Una demanda presentada hoy por varios expertos constitucionales señala que el primer paso para que el presidente cumpla esta promesa sería el de suspender toda relación comercial de su vasto imperio con intereses extranjeros y agregó que sus negocios con entidades extranjeras, muchas de ellas vinculadas a gobiernos, “pone en peligro a los ciudadanos de Estados Unidos”. 

En resumen, alegan que el presidente Donald J. Trump está violando la constitución desde que levantó la mano y juró “defender a los Estados Unidos de todos sus enemigos, extranjeros y domésticos”.

El documento legal, presentado en nombre de Ciudadanos por Responsabilidad y Ética en Washington (CREW) comienza indicando que :

“Nunca antes el pueblo de los Estados Unidos eligió a un presidente con intereses comerciales tan vastos, complicados y secretos como los de Donald J. Trump, creando innumerables conflictos de intereses, así como una influencia sin precedentes de gobiernos extranjeros“.
Donald Trump se ha negado a vender sus intereses comerciales o a ponerlos en un “blind trust”, una entidad donde él o su familia no podrían tener control directo de los mismos y evitar que sus decisiones en el gobierno estén influenciadas por sus intereses comerciales.

En vez de eso, Trump sigue siendo dueño de todas sus empresas, aunque las ha puesto en manos de sus dos hijos varones adultos: Erik y Donald Jr.

El público tampoco sabe con exactitud cuáles son esos intereses en toda su extensión, ya que Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos durante la campaña alegando una “auditoría pendiente” y este fin de semana su asesora Kellyanne Conway confirmó que tampoco los publicaría como presidente.

Portavoces de CREW dijeron este lunes que si la demanda procede, buscarán la publicación de las declaraciones de impuestos de Donald Trump, que hasta ahora permanecen secretas.

Según explicó Hana Callaghan, directora del programa de ética gubernamental del Markkula Center for Applied Ethics de la Universidad de Santa Clara, en California, es imposible predecir lo que saldrá de la demanda “porque esto no ha sido litigado jamás en la historia de Estados Unidos”.

¿Cuál es el problema de ser un billonario presidente?

“Imagínate que el Banco de China, que es una entidad del gobierno, le ha hecho préstamos a Trump”, dijo Callahan. “¿Y qué tal si ofrecen un tipo de interés más bajo a cambio de decisiones favorables a ese país? Es solo una hipótesis”.

Pero no es sólo un hipótesis. La organización de periodismo investigativo Pro Pública publicó detalles de al menos 10 negocios de Trump en todo el mundo con entidades vinculadas a personeros de partidos o gobiernos de esos países. He aquí esa investigación.

Un ejemplo de muchos tipos de conflicto que encontró Pro-Pública es el de la Torre Trump en Manila, un edificio de 150 millones que fue construido por una empresa cuyo director es asesor económico del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte.

Esto, en teoría, causaría un conflicto potencial en cualquier decisión de Trump como presidente respecto a ese país: ¿Pondrá primero los intereses de Estados Unidos o del imperio Trump?

Trump no es el primer presidente millonario que tiene Estados Unidos, pero la tradición es que los mandatarios deben evitar cualquier “apariencia” de conflicto de interés entre sus finanzas personales y sus acciones públicas y además, cumplir con la constitución, como todo el mundo.

“La tradición es vender los intereses y ponerlos en un “blind trust” que es un fondo manejado independientemente del funcionario público, mientras dura su cargo, dijo Callaghan.

Y aunque las leyes federales sobre ética no aplican al presidente, la letra de la constitución si aplica. Específicamente se habla del artículo 1, sección 9 de la misma, la llamada “Cláusula de Emolumentos”, que prohíbe a un funcionario público recibir “regalos, favores, cargos o títulos” de cualquier gobierno extranjero o de sus representantes.

Al escribir la Constitución de Estados Unidos, los padres de la patria estadounidense ya habían concluido que tener negocios e intereses en países extranjeros, especialmente aquellos que tengan posibles lazos a sectores gubernamentales de esos países, era una mala idea para un líder estadounidense.

La Cláusula de Emolumentos Extranjeros afirma que estos “representan una grave amenaza para los Estados Unidos y sus ciudadanos”.

Según el Director Ejecutivo de CREW, Noah Bookbinder, en el momento en que Trump se niega a despojarse de sus negocios, “recibe dinero y favores de gobiernos extranjeros a través de invitados y eventos en sus hoteles, arrendamientos en sus edificios y valiosas ofertas de bienes raíces en el extranjero”.

Las críticas a la forma en que Trump ha encarado el potencial conflicto de mantener propiedad de su vasto imperio internacional no empezaron con esta demanda, pero esta es la primera acción legal que pretende hacer que los tribunales estadounidenses intervengan en el asunto.

Casi todas las juntas editoriales de periódicos importantes en el país lo han criticado. Asimismo, la Unión de Libertades Civiles Americanas ACLU  presentó una solicitud de información a cuatro agencias del gobierno para obtener acceso a todos los documentos, opiniones legales y comunicaciones relacionadas a la organización Trump y los conflictos del negocio Trump.

ACLU indicó que espera presentar muchas de estas solicitudes, llamadas FOIA, que se basan en una ley de “libertad de información” destinada a mejorar la transparencia del gobierno.