Arresto de joven migrante en refugio refleja cambios de política en detención de solicitantes de asilo

A Erik Javier, un muchacho mexicano que llegó a la frontera en diciembre pidiendo asilo lo detuvieron el mismo día que cumplia 18 años. Anteriormente el gobierno hubiera permitido la liberación a familiares o patrocinadores al cumplir la mayoría de edad de jovenes sin antecedentes como el.
Arresto de joven migrante en refugio refleja cambios de política en detención de solicitantes de asilo
Los menores migrantes que llegan a la frontera huyendo de la violencia, son trasladados a refugios y se les trata diferente a los adultos. Pero al cumplir los 18 años, todo cambia, especialmente bajo el gobierno de Trump /AURELIA VENTURA

La detención de un joven solicitante de asilo el mismo día que celebraba sus 18 años en un refugio para menores del Departamento de Salud y Servicios Sociales, parece reflejar un cambio de política de la Administración Trump hacia la detención inmediata de jóvenes solicitantes de asilo una vez dejan de ser menores de edad, alegaron este lunes abogados y activistas.

Estos arrestos eran comunes antes de cambios de ley ocurridos en 2013, dijeron expertos, pero a partir de ese año, el gobierno federal accedió en muchos casos a liberar a estos jóvenes a cuidadores o familiares mientras peleaban sus casos, siempre y cuando no tuveran antecedentes penales.

Erik Javier Flores Hernandez, de 18 años, fue arrestado el sábado por la mañana en uno de estos refugios de la Oficina para Reasentamiento de Refugiados, parte del Departamento de Salud y Servicios Sociales, donde normalmente acogen a migrantes menores que llegan a Estados  Unidos sin familiares adultos pidiendo asilo.

Michelle Brané, de la organización Women´s Refugee Commission, dijo que el caso parece reflejar una nueva actitud hacia la detención obligatoria de solicitantes de asilo y migrantes en general mientras pelean sus casos o esperan su deportación, aunque indicó que posiblemente va en contra de la ley VAWA de 2013.

La ley VAWA (Ley sobre Violencia contra la Mujer) dicta que el gobierno debe considerar “alternativas a la detención” para solicitantes de asilo que no tengan antecedentes criminales y no sean un peligro para la comunidad.

Estas alternativas suelen incluir la liberación con un grillete electrónico en el tobillo y la obligación de reportarse periódicamente con las autoridades migratorias, pero al parecer el gobierno actual no tuvo estas consideraciones en el caso de Flores Hernandez.

“Parece que este muchacho era un buen candidato para una de estas alternativas y en mis conversaciones con sus abogados todo parece indicar que esto no ocurrió”, dijo Brané. “Haya o no haya una orden ejecutiva, hay leyes que todavía están en vigencia”.

Lindsay Toczylowsky, directora ejecutiva del Immigrante Defenders Law Center, dijo a La Opinion este lunes que el muchacho, hasta ahora tratado como menor, ahora está bajo custodia en Theo Lacy Detention Center, en Orange, California, un centro de detención estilo carcel para adultos, donde hay todo tipo de detenidos, criminales y no criminales.

Dijo que su detención el sábado por la mañana fue un trauma más para el joven mexicano, quien llegó en diciembre pidiendo refugio luego que bandas narcotraficantes al parecer “desaparecieron” a su mamá y abuela hace algún tiempo y huyendo de otros tipos de abuso.

“He representado a menores no acompañados durante 5 años y lo que ocurría antes cuando los jóvenes cumplian 18 años en un refugio, es que ICE evaluaba el caso. Si se trataba de un joven sin antecedentes criminales, que tenía abogados y un caso de asilo abierto, aparte de patrocinadores listos a darle un hogar, generalmente los dejaban en libertad”, dijo Toczylowsky.

La abogado indicó que tras intentar negociar con ICE durante varios días, argumentando que el muchacho no era una amenaza para la sociedad y que tenía dos posibles patrocinadores, incluyendo familiares en San Bernardino, le dijeron que debido a los cambios de política ordenados por Trump “ya no tenían discreción para liberar a estos jóvenes”.

Los abogados han movido los hilos políticos, contactando a las senadoras de California y a congresistas del área.  La oficina de la Senadora Kamala Harris al parece está trabajando en el caso y buscando alternativas.

“Va a tener que haber una solución política”, dijo Toczylowsky. “Desde que salieron las órdenes ejecutivas estabamos esperando ver qué efecto tendrían en los niños migrantes no acompañados y este parece ser uno de ellos”.

Usualmente, cuando un menor de edad llega por la frontera sin sus padres o familiares y alega temor de regresar a su país, la ley estadounidense manda que se transfiera su custodia a la Secretaría de Salud y Servicios Sociales, mientras los mayores de edad quedan en poder de las autoridades de Seguridad Nacional.

La diferencia es que los menores van a un refugio especial para ellos y no a un centro de detención o carcel y se hace un esfuerzo para reunirlos con familiares o patrocinadores en Estados Unidos. Su caso de asilo procede en forma “no confrontativa” o administrativa, mientras que los adultos deben ir a los tribunales de inmigración para ganar asilo.

Tom Jawetz, especialista migratorio del Centro para el Progreso Americano (CAP) dijo este lunes que la detención en centros carcelarios o de detención “no es adecuada para los jóvenes que solicitan asilo”.

“Cuando están bajo HHS les ofrecen servicios y acceso a información”, dijo JAwetz. “Cuando pasan a un centro de detención, todo se vuelve mucho más dificil, incluyendo su caso de asilo. En el anterior gobierno este caso no hubiera sido prioridad de detención y representa un desperdicio del dinero de los contribuyentes, aparte de que dificulta ganar el caso”.

No está claro por qué el muchacho no había sido liberado a dos posibles patrocinadores, unos familiares en San Bernardino y unos voluntarios en la comunidad religiosa, que se habían ofrecido a tomarlo bajo su custodia mientras peleaba su caso.

Durante la administración de OBama La Opinión reportó el arresto de jóvenes migrantes con casos de asilo arrestados al cumplir los 18 años en camino a la escuela, aunque en esos casos el gobierno argumentaba que ya habían “agotado” sus opciones legales y no habían logrado comprobar el miedo de regresar a sus países.