Editorial: La bancarrota de Puerto Rico

Esa era la única manera de frenar la avalancha de juicios de los acreedores de una deuda que es impagable.
Editorial: La bancarrota de Puerto Rico
Es la mayor quiebra de un territorio bajo la jurisdicción de EEUU,

Puerto Rico hizo bien en declararse en bancarrota, según se lo permitía la ley PROMESA especialmente diseñada para la crisis financiera de la isla.

Esa era la única manera de frenar la avalancha de juicios de los acreedores de una deuda que es impagable.

El destino de los 3.5 millones de puertorriqueños pasó a manos de una jueza federal que deberá decidir entre los intereses de los habitantes de la isla y los de los bancos y fondos de inversión dueños de una deuda de 70 mil millones de dólares.

La ley federal le permitió a Puerto Rico este refugio legal pero no lo ayudó mucho más. Le estableció una junta supervisora para administrar sus finanzas con una mayoría de integrantes recomendados por los republicanos del Congreso que incluyeron a por personas sin ningún lazo con la región.

Esta junta, que negociaba con los deudores, exigió recortes draconianos en enero pasado que perjudicaban las pensiones como las áreas de salud y educación de los puertorriqueños. Las medidas fueron insuficientes para lograr un acuerdo, por lo cual después de la bancarrota el caso fue a parar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y de ahí derivado a la jueza de Distrito, Laura Taylor Swain, de Manhattan, Nueva York.

Es preocupante que el caso de la bancarrota de Puerto Rico haya caído a un tribunal tan cercano a Wall Street. También lo es el que haya dudas fundadas sobre si el principal interés de la junta supervisora a cargo de la negociación es el pueblo puertorriqueño o el pago de la deuda a los acreedores.

De lo que está claro es que una resolución que sea muy pesada a la economía puertorriqueña no resolverá el pago de la deuda. Es necesaria una recuperación económica, que hoy se ve muy lejana, para que se puedan cumplir con la deuda.

El derrumbe económico de Puerto Rico comenzó con el fin de los beneficios impositivos en 2006 que promovía la inversión y creación de empleos por ocho décadas y luego se agudizó con la toma de deuda.

Esperamos que el proceso judicial por lo menos resulte en una auditoría transparente sobre los detalles de la deuda. Puede ser positivo para la negociación si se confirma la sospecha de que se prometieron pagos a los acreedores por arriba de los límites constitucionales puertorriqueños.

Eso ayudó a que el juez reduzca el pago de la deuda en la bancarrota de la ciudad de Detroit en 2013.

Hay diferencias entre la ciudad de Michigan y la isla, entre un magistrado y otro. La esperanza es que la jueza en el caso de Puerto Rico siga el razonamiento del caso de Detroit que benefició a la gente por sobre la banca al reducir la deuda.

El progreso de Puerto Rico, y su caída, está ligado a Estados Unidos por su relación histórica de dependencia. Ojalá que también su recuperación mediante un tribunal, el alivio de deuda y el regreso de inversión.