Forenses en México: “ya no caben los cadáveres”

Entre los estados más afectados por la sobresaturación de cuerpos están Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Morelos
Forenses en México: “ya no caben los cadáveres”
Escenas como estas ya son cada vez más cotidianas en la entidad.

MÉXICO.- El peor momento para los niños del colegio La Paz, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, era el recreo. Mientras correteaban o charlaban de sus videojuegos y tareas  un olor putrefacto se metía por sus narices y bocas; entre las tortas y jugos hasta que los hacía vomitar.

El olor se esparcía desde el Instituto Médico Forense (IMF), a unos pasos de la escuela, donde poco a poco se acumularon cadáveres procedentes de las múltiples fosas clandestinas de los alrededores; la última, en un lugar conocido como “El arbolito” a principios de abril pasado.

A falta de un frigorífico de alta capacidad, los cuerpos quedaron en el patio, a una temperatura de 40 grados, cubiertos con bolsas plásticas para que no se las lleva el viento.

Los detalles se divulgaron en la prensa local para sumar una denuncia más a la realidad de los Servicios Médicos Forenses del país: están desbordados porque desde que se aceleró la violencia en el país derivada del crimen organizado no se ha invertido ni en infraestructura (sólo hay entre uno o dos cada estado) ni en capacitación médica: oficialmente se tienen registrados sólo 1,5000 especialistas.

En contraste de cifras, entre  2007 y 2016, se localizaron oficialmente en México 855 fosas clandestinas en el país con en promedio 50 cadáveres cada una de acuerdo con el informe especial de Personas desaparecidas y fosas clandestinas en México realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre los estados más afectados por la sobresaturación de cuerpos están Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Morelos.

“Hace años que pedimos que se construya un lugar adecuado, pero no se ha hecho”, dijo Guadalupe Melo, directora del Instituto Médico Forense en Veracruz cuando los padres de los niños del colegio La Paz comenzaron a quejarse de la peste que respiraban sus hijos, de salpullidos en la piel, ardor en los ojos y dolores diversos.

La capacidad de los semefos veracruzanos es para 300 cadáveres pero sólo en una de las fosas (Colinas de Santa Fe) se encontraron 253 cuerpos. “A veces que preferimos no abrir más fosas porque no tenemos espacio para guardar los cuerpos”, comentó en marzo pasado el fiscal Jorge Winckler.

Poco después de las denuncias de los padres de familia en Boca del Río, un grupo de trabajadores de la Jurisdicción del Área de Regulación y Riesgos Sanitarios apareció en el patio donde estaban los cuerpos envueltos en plástico y se los llevaron con rumbo desconocido para los estudiantes de la Universidad Veracruzana que apoyaban con el análisis de los restos.

La falta de tacto de las autoridades con los cuerpos es una de las principales denuncias de las familias de los más de 20,000 desaparecidos que hay en México.

“Para nosotros cualquier huesito o pedazo que se encuentre es una esperanza”, dijo María Herrera, líder de la organización Enlaces Nacionales, que agrupa organizaciones de familiares de desaparecidos de 13 estados y de otros países.

Herrera busca a sus tres hijos, Jesús, Salvador y Raúl, quienes desaparecieron en Atoyac de Álvarez, cuando compraban y vendían oro en 2008. Desde entonces recorre los forenses y fiscalías del país: de Guerrero a Coahuila; de Michoacán a Chiahuahua. Todos con un común denominador: “A las autoridades les da repulsión tratar con los cuerpos”, dice. “Quieren deshacerse rápido de ellos”..

Morelos protagonizó un escándalo el año pasado cuando padres de desaparecidos descubrieron que la  fiscalía local envió a dos fosas clandestinas más de un centenar de cadáveres sin procesar ni toma de muestras de ningún tipo porque ya no cabían en el Semefo de Cuernavaca.

“El problema de las desapariciones desafía las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo para la justicia”, concluyó el año pasado un informe de la CNDH.