El Mercosur aumenta la presión contra el régimen de Maduro: suspendió a Venezuela por “ruptura del orden democrático”

Tras meses de debate en el bloque regional, decidieron en una reunión de cancilleres aplicar el castigo máximo que prevé el Protocolo de Ushuaia
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El Mercosur aumenta la presión contra el régimen de Maduro: suspendió a Venezuela por “ruptura del orden democrático”
Fuera del Mercosur

 Venezuela fue suspendida del Mercosur por “ruptura del orden democrático” ante el avance del gobierno de Nicolás Maduro con la instalación de la Asamblea Constituyente, anunciaron hoy los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reunidos de emergencia en esta ciudad, donde decidieron aplicar la cláusula democrática del bloque prevista en el Protocolo de Ushuaia (1998).

“La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático”, señalaron en un comunicado conjunto los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Jorge Faurie, de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, tras su encuentro de una hora y media en la sede de la Alcaldía de San Pablo.

Mientras los cancilleres estaban reunidos en Brasil, el gobierno de Maduro continuó su avance hacia otros poderes. En su primera sesión, la Asamblea Nacional Constituyente destituyó de forma fulminante a la procuradora general del país, Luisa Ortega, conocida como la “fiscal rebelde”, tal como había amenazado el oficialismo.

El apoyo de Uruguay fue clave para la decisión consensuada del Mercosur. Hasta ahora, el gobierno de Tabaré Vázquez se mostraba reticente a tomar una postura más dura contra Venezuela, como sí impulsaban sus colegas del bloque, el argentino Mauricio Macri , el brasileño Michel Temer , y el paraguayo Horacio Cartes. La resistencia uruguaya llegó a bloquear una condena más firme en la última cumbre del Mercosur, en Mendoza, el mes pasado, pero ahora, el agravamiento de la crisis venezolana, con más de 120 muertos en enfrentamientos callejeros, la realización de las elecciones para la controvertida Asamblea Constituyente y su inmediato emplazamiento, llevó a Montevideo a cambiar de opinión.

En los hechos, Venezuela ya estaba suspendida del Mercosur desde diciembre del año pasado, luego de que el país no cumplió con los plazos para adoptar las normas burocráticas y económicas para la adhesión al bloque, al que se unió en 2012. Pero esa era una medida de carácter “administrativo”, que podría haberse zanjado fácilmente una vez que Caracas se pusiera al día con las reglas del Mercosur. Ahora, se trata de una suspensión “política”, que para ser revertida requerirá de un cambio de régimen, con elecciones supervisadas y consideradas democráticas, así como indicadores de que las instituciones están realmente funcionando en el país caribeño. Este es el castigo máximo que prevé el Protocolo de Ushuaia, ya que la expulsión no está contemplada como tal en el acuerdo.

En el comunicado, de hecho, los miembros fundadores del Mercosur mencionan las fallidas negociaciones con el gobierno de Venezuela “dado el rechazo de la administración de Maduro de mantener conversaciones con los demás integrantes del bloque para el restablecimiento del orden democrático”.

Además, indican que el fin de la suspensión solo tendrá lugar cuando, “a juicio de los demás integrantes del bloque, haya sido restablecido el pleno orden democrático”, y menciona entre otros requisitos la liberación de los presos políticos, la restauración de competencias del Poder Legislativo (la Asamblea Nacional hoy no es reconocida por tener mayoría opositora), la reanudación del calendario electoral y la anulación de la convocatoria a la asamblea constituyente.

Aunque el Protocolo de Ushuaia sí establece medidas más severas, incluso sanciones como el cierre de fronteras, del tráfico aéreo y marítimo, así como el fin del abastecimiento de energía y la suspensión parcial o total del comercio, por ahora los países socios no aumentarán más la presión sobre el régimen de Maduro. Por las difíciles condiciones económicas que pasan hoy los venezolanos -con escasez de comida, medicamentos y otras necesidades básicas-, este tipo de medidas sólo acabarían por incrementar el sufrimiento del pueblo.