La Asamblea Constituyente de Venezuela destituye a la fiscal general Luisa Ortega

Los más de 500 miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad remover a Ortega de su cargo. "No me rindo", dijo Ortega en un comunicado
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La Asamblea Constituyente de Venezuela destituye a la fiscal general Luisa Ortega
La ANC de Venezuela además de destituir a Luisa Ortega Díaz decretó su inhabilitación.

La recién elegida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela cumplió la amenaza y su primera decisión fue destituir este sábado a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

La decisión se adoptó por unanimidad a iniciativa de Diosdado Cabello, constituyente y peso pesado del chavismo, quien propuso destituirla de su cargo e inhabilitarla.

Antes, en la sesión, se leyó la notificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que considera que hay causas para abrir un juicio contra Ortega.

“Esto no es un acto de linchamiento (…) No vamos a linchar a nadie, vamos a aplicar la ley, la justicia”, dijo Cabello ante una Constituyente que en su primera sesión decidió que durará un máximo de dos años.

La ANC además declaró en emergencia al Ministerio Público para hacer una renovación de la institución y “luchar contra la impunidad”.

Acordó que Tarek William Saab, actual Defensor del Pueblo, asuma el cargo de fiscal general.

Bastión opositor

Horas antes, agentes de la Guardia Nacional sitiaron la sede principal del Ministerio Público, impidieron el ingreso al edificio a Ortega y se llevaron detenido a uno de sus guardaespaldas, denunciaron funcionarios de la fiscalía.

En conversación con medios de comunicación, Ortega dijo que sufrió una agresión de parte de los efectivos de la Guardia Nacional.

“Me empujaron, me atacaron con escudos para que no entrara al Ministerio Público” , aseguró.

“¿Sabes qué quieren con esto? Quieren esconder las pruebas de Odebrecht, las pruebas de la corrupción en Venezuela, las pruebas de las violaciones de los derechos humanos”, dijo en referencia a las investigaciones de corrupción que seguía relacionadas con la constructora brasileña.

Ortega, que se considera chavista, se ha mostrado cada vez más crítica con el gobierno de Maduro, al que acusa de violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, de corrupción y de haber manipulado la elección a la Constituyente.

Altos dirigentes oficialistas han tildado a Ortega de “traidora” y el propio Maduro pidió a la Constituyente una reestructuración del Ministerio Público, al que acusa de haber fomentado la impunidad y la violencia en las protestas que se prolongan desde hace cuatro meses y en las que han fallecido más de 120 personas.

En la sentencia leída el sábado, se reiteró que Ortega no puede salir del país y sus bienes y cuentas bancarias se mantendrán embargados.

“Reestructuración”

El oficialismo ha dicho que el objetivo de remover a la fiscal de su cargo es reestructurar una institución que acusan de permitir la impunidad.

“El Ministerio Público se encuentra en una situación angustiosa, preocupante”, dijo Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Constituyente, chavista de larga data y exfiscal general.

Rodríguez, que como fiscal es conocido como mentor de Ortega, declaró que hay problemas en la justicia penal que “se sienten en la calle”.

Asimismo, justificó la destitución de Ortega: ” La actitud de la f iscal no daba certeza, no daba sensación de ser objetiva “.

Por su parte, Tarek William Saab , nuevo fiscal general, dijo que la autoría intelectual de la violencia de estos cuatro meses de protestas fue “la inacción del Ministerio Público”.

“Asumo este cargo en medio de una circunstancia histórica de asedio que vive nuestra patria y que ha sufrido desde nuestro presidente hasta el más humilde campesino”, dijo Saab, que dejará la Defensoría del Pueblo.

Fue más allá en sus acusaciones Delcy Rodríguez , presidenta de la ANC, que afirmó que la Fiscalía que dirigía Ortega estaba “secuestrada por la supremacía blanca”.

“Era una cazadora de jóvenes de color”, dijo de Ortega la presidenta de la ANC, que cree que Ortega no investigó por igual a las víctimas de los actos de violencia de los manifestantes.

La oposición manifestó “solidaridad” a la fiscal ante lo que consideran “un ataque más contra la disidencia”.

En los últimos días, varios dirigentes y alcaldes opositores han sido inhabilitados o detenidos.

Ortega, en un comunicado que firmó aún como fiscal general de la República, aseguró que no se rinde y que seguirá luchando.

“Les ratifico que en Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ejecutivo Nacional”, expresó Ortega en un comunicado.

“Ese es el único nombre del proceso que vivimos en estas horas y que debe alarmar a la comunidad internacional”, agregó.

Primera sesión

La polémica Asamblea Nacional Constituyente se instaló este viernes en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, aledaño al hemiciclo en que tiene su sede el Parlamento, hoy en manos de la oposición.

Tras las controvertidas elecciones del pasado domingo, desconocidas por la oposición y sobre las que pesa una denuncia de fraude hecha por la empresa que se encargó el proceso de votación electrónica, los 538 miembros elegidos se reunieron el sábado para dar inicio a sus labores en la ANC.

Por otra parte, los países miembros del bloque económico Mercosur anunciaron este sábado la suspensión de Venezuela por tiempo indefinido mientras que le exigen al país que restaure la democracia de inmediato, según lo publicaron en un comunicado.

Además, el Mercosur sumó presión internacional al presidente Maduro instando al Gobierno venezolano a que desmantele la recién creada Asamblea Nacional Constituyente.

Clima de protestas

La ANC fue impulsada por Maduro como solución a la grave crisis de escasez, inflación y protestas que vive el país.

El gobierno atribuye la difícil situación a una “guerra económica” fomentada por la oposición y Estados Unidos.

La oposición lleva más de cuatro meses impulsando una ola de protestas que ha dejado ya más de un centenar de muertos.

El detonante de las manifestaciones fueron unas resoluciones en las que el TSJ, al que la oposición considera que trabaja al dictado del oficialismo, se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ya antes había declarado en “desacato”.

Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional.

La oposición considera que la Constituyente, en cuya elección no participó, es el golpe definitivo a la democracia en Venezuela y que con ella Maduro se ha convertido en un dictador.