Más de 100,000 personas de bajos ingresos podrían perder su vivienda pública

Este martes acaba el plazo de observaciones públicas a la medida propuesta por el Departamento de Vivienda (HUD). De salir adelante, la ley desahuciaría a 25,000 familias 'mixtas', con miembros ciudadanos y no ciudadanos
Más de 100,000 personas de bajos ingresos podrían perder su vivienda pública
HUD cree que su propuesta "llevaría a una rápida evacuación de los hogares mixtos".
Foto: Ciro Cesar / La opinion

Este martes acaba el plazo para presentar observaciones públicas a la propuesta de ley con la que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) pretende dejar sin subsidio a las unidades familiares que tengan miembros indocumentados. De salir adelante, unas 25,000 familias ‘mixtas’ de todo el país quedarían excluidas de cualquier ayuda federal en materia de vivienda.

Desde 1980 -y hasta la fecha- un grupo familiar mixto puede solicitar la mencionada asistencia pública si el integrante que lo solicita es ciudadano estadounidense, refugiado o residente legal; entre otros estatus. Por ejemplo, un niño nacido en el país o un cónyuge ciudadano. La ley actual no permite que el titular del subsidio sea un indocumentado, un estudiente con visa temporal o un beneficiario DACA.

Sin embargo, la propuesta de ley de HUD requeriría verificar el estatus migratorio de todos sus integrantes de las familias que soliciten asistencia. De ser aprobada, los miembros indocumentados no podrían ser arrendatarios, ni siquiera si forman parte de una de las llamadas familias ‘mixtas’.

El hipotético cambio de ley afectaría a unas 108,000 personas que residen en viviendas subsidiadas. De ellas, la mayor parte (un 70%) cumple los requisitos para optar a estas ayudas pero tendrían que separarse de sus seres queridos si quieren recibirlas. Por tanto, según los propios datos de HUD, más de 55,000 niños quedarían sin hogar.

HUD cree que su propuesta “llevaría a una rápida evacuación de los hogares mixtos“, que reciben un promedio de 8,400 dólares por familia al año. El departamento calcula que, de esa forma, las familias con el 100% de sus miembros residiendo en el país de forma regular tendrán subsidios más altos.

Sin embargo, algunas analistas apuntan que esta medida no reduciría la lista de espera en materia de vivienda -como prometió Donald Trump ni aumentaría las cuantías recibidas. Y la explicación es sencilla. La ayuda económica aumenta por cada miembro que cumpla con los requisitos para ser beneficiario (ciudadanos, refugiados o residentes permanente; entre otros). Por tanto, es mayor para las familias con más integrantes aptos para solicitar el subsidio. Esto implicaría tener que asignar nuevos fondos públicos, algo que HUD no ha anunciado.

Varias organizaciones que defienden a los migrantes ya han hecho pública su postura frente a esta medida. El Caucus hispano, por ejemplo, ha expresado en una carta que “no respalda este ataque a los inmigrantes”.  Diana Yentel, de la Coalición Nacional para los Hogares de Bajos Ingresos , se ha mostrado más contundente: “La crueldad de esta propuesta es impresionante. Y el daño que infligiría a los niños, las familias y las comunidades es grave“.