MIAMI – El estado de Florida ha recibido $608 millones en fondos de reembolso por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la construcción y operación de centros de detención masiva, incluido el polémico complejo conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress, en pleno corazón de los Everglades.
La información fue dada a conocer por la televisora WPLG, generando preocupación entre organizaciones ambientalistas y comunidades locales que advierten sobre el impacto ecológico que podría tener la instalación en una de las zonas más frágiles y protegidas del estado.
Debido a que los fondos federales de FEMA están siendo utilizados en el proyecto, la ley exige que el centro de detención en los Everglades se someta a una revisión ambiental federal para garantizar la protección de la fauna y flora en peligro de extinción.
“El estado y el gobierno federal continúan evadiendo su responsabilidad de cumplir con las leyes ambientales, y los Everglades están pagando el precio”, expresó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. “La asignación de fondos federales deja claro que las operaciones en Alligator Alcatraz deben detenerse hasta cumplir con las protecciones ambientales básicas”, añadió.
El proyecto enfrenta una demanda interpuesta el 27 de junio por Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, con representación legal de Earthjustice, Coffey Burlington y abogados del propio Centro, además del apoyo de la Tribu Miccosukee de Indios de Florida.
“Esto es la prueba definitiva de que nuestra demanda es correcta. Se trata de un proyecto federal financiado con fondos federales, que por ley requiere una revisión ambiental completa”, declaró Elise Bennett, directora del Centro para la Diversidad Biológica en Florida y el Caribe. “El gobierno no puede seguir mintiéndole al público a costa de la vida silvestre en peligro de Florida. Haremos todo lo posible para detener esta obra destructiva y derrochadora”, subrayó.
El 21 de agosto, un juez del distrito federal falló a favor de los grupos demandantes y ordenó que el centro redujera sus operaciones mientras avanzaba el proceso judicial. Sin embargo, la medida fue suspendida el 4 de septiembre por un tribunal federal de apelaciones, que argumentó falta de evidencia sobre la recepción oficial de fondos federales, requisito necesario para aplicar las leyes ambientales.
Con la confirmación del financiamiento, los abogados sostienen que ya no hay duda sobre la naturaleza federal del proyecto.
“Esto confirma lo que hemos dicho desde el principio: que el gobierno estatal y el federal actuaron en conjunto y que las leyes ambientales federales aplican”, afirmó Tania Galloni, abogada principal de la oficina de Earthjustice en Florida. “El público tiene derecho a saber cómo se tomó esta decisión y por qué se ha mantenido oculta tanto al público como a los tribunales”, agregó.
El abogado Paul J. Schwiep, de Coffey Burlington, quien representa a las organizaciones ambientales, coincidió:
“La construcción de este centro de detención fue un proyecto federal desde el principio. Ahora que se ha confirmado el reembolso, es momento de cumplir con la ley ambiental federal”, dijo.
Mientras tanto, el Center for Biological Diversity mantiene activa una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener los documentos relacionados con el financiamiento de FEMA.