La posible prohibición de la mayoría del CBD en Estados Unidos deja a miles de floridanos al borde de perder el único alivio que han encontrado en años. La nueva ley también amenaza con derrumbar un sector que genera más de 100,000 empleos en Florida.
Miles de floridanos podrían perder el único producto que les ha permitido dormir, controlar el dolor, manejar la ansiedad o reducir convulsiones sin recurrir a medicamentos fuertes. Madres, veteranos, personas con enfermedades crónicas y familias con hijos con epilepsia serían los más golpeados por una nueva ley federal que podría sacar del mercado más del 95% de los productos de CBD de espectro completo que se venden hoy en Estados Unidos. Para muchos, significaría regresar al insomnio, al dolor o a los opioides. Para cientos de pequeños negocios, podría ser el final.
Todo esto ocurrió casi en silencio, escondido dentro del proyecto de ley que reabrió el gobierno federal. Cuando el presidente Donald Trump firmó el paquete de gasto, también convirtió en ley una disposición que prohíbe la venta de productos intoxicantes derivados del hemp, como el Delta-8.
Pero productores, médicos, pacientes y defensores del CBD advierten que la redacción es tan estricta que no solo ataca a los productos intoxicantes, sino también a los que no lo son, en especial el CBD de espectro completo, usado legalmente desde 2018 y que contiene apenas trazas mínimas de THC.
Para la representante estatal Anna Eskamani, el impacto será “un retroceso severo” para los floridanos que dependen del CBD. “Esto afectará médicamente a millones de personas”, aseguró.
La nueva norma impone un límite tan bajo —menos de 0.4 mg de THC por envase— que deja fuera prácticamente todo el CBD de espectro completo disponible en el mercado.
Además del Delta-8 THC, la nueva medida federal prohibirá la venta sin regulación de productos como Delta-10, HHC y otros derivados psicoactivos que hoy se comercializan libremente en gasolineras, tiendas de conveniencia y de venta por internet. También serían prohibidos aceites, vaporizadores, gomas, bebidas, cápsulas y otros cannabinoides no intoxicantes derivados de hemp como CBG, CBN, CBC y THCV. Esta restricción afectará principalmente a pequeños comercios, así como a consumidores que los usan como alternativa “legal” al cannabis.
Los que más perderían serían personas tales como el veterano que dejó atrás los opioides podría regresar al dolor o a la dependencia; quienes compran un frasco de CBD por $30 ya no podrán hacerlo… y la única opción sería pagar $200 en un dispensario de cannabis medicinal, si es que pueden costearlo.
Productores locales insisten en que esta no es una pelea comercial. “Significa quitar opciones de bienestar, quitar accesibilidad, quitar calidad de vida”, explican. “La gente no debería verse obligada a regresar a medicamentos farmacéuticos cuando el CBD natural les funciona”.
Un golpe directo a la industria de Florida
Florida es uno de los mercados de hemp más grandes del país. En 2022 generó más de $10 mil millones en ventas y más de 100,000 empleos. El sector ha crecido especialmente en productos de bienestar, como aceites, bebidas y gomitas de CBD.
La U.S. Hemp Roundtable, una coalición nacional de empresas también criticó la decisión. Su presidente, Art Massolo, dijo que el Congreso “aceptó información falsa” que no refleja la realidad del sector. La organización respalda regulaciones estrictas —como pruebas de laboratorio, etiquetado verificado, prohibición de cannabinoides sintéticos y medidas para proteger a menores—, pero considera que la prohibición actual es excesiva e injustificada.
Aunque la ley ya está firmada, los cambios no se sentirán de inmediato. Las agencias federales deben decidir cómo implementarla, proceso que podría tardar hasta 2026. Incluso así, no está claro que la medida elimine completamente el mercado estatal; después de todo, la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal y aun así opera legalmente en decenas de estados.
Pero hay un aspecto que podría asfixiar a los pequeños negocios: la nueva clasificación fiscal que podría aplicar al hemp bajo la regla federal 280E. Si esto sucede, las empresas perderían el derecho a deducir gastos operativos, lo que elevaría sus costos y dejaría a muchos fuera del mercado.
Jammie Treadwell, copropietaria de Treadwell Farms, explica que la ley podría obligar a empresas a eliminar compuestos naturales presentes en la planta solo para cumplir con la nueva definición, incluso si esos compuestos no causan euforia ni representan riesgo.
“Estamos hablando de plantas, no de drogas sintéticas. Esto afecta a trabajadores, agricultores y a miles de consumidores que han confiado en nuestros productos durante años”, señaló.
El temor es que los pequeños negocios no solo desaparezcan, sino que el mercado quede en manos de grandes dispensarios de cannabis con capacidad financiera para adaptarse a los cambios.
“Las empresas pequeñas no sobrevivirán si se les obliga a operar como negocios de marihuana, cuando lo que producen ni siquiera intoxica”, advirtió el productor de Florida Central.
Florida ha intentado regular el hemp sin aplastar la industria. En 2023 aprobó una ley que prohíbe productos “atractivos para niños”, como los que imitan dulces o marcas populares, y exige certificación de laboratorios independientes.
En 2024, la Legislatura quiso imponer restricciones drásticas, pero el gobernador Ron DeSantis vetó la propuesta al considerarla una “carga debilitante” para pequeños negocios. Tras el veto, algunas empresas hicieron donaciones al Partido Republicano Estatal, que en ese momento se oponía a la legalización de la marihuana recreativa. Esa propuesta electoral terminó fracasando.
Lo que viene ahora
El futuro del CBD de espectro completo en Florida —y en el país— depende de lo que ocurra en los próximos meses en Washington, Tallahassee y las agencias reguladoras.
“El próximo año será crucial”, dijo Jonathan Miller, asesor general de la U.S. Hemp Roundtable. “El hemp llegó para quedarse. La industria es responsable y ya se autorregula. Pero necesitamos que el Congreso ayude a mantener afuera a los malos actores sin castigar a quienes lo están haciendo bien”.
Mientras tanto, miles de consumidores esperan una respuesta clara. Muchos temen que, si la ley no se corrige, perderán el producto que les ha cambiado la vida.