TALLAHASSEE, Florida — En un nuevo esfuerzo por restaurar el autogobierno democrático en Puerto Rico, la representante estatal Johanna López (D-Orlando) y la senadora Kristen Arrington (D-Kissimmee) presentaron esta semana la Resolución de la Cámara 4031 y la Resolución del Senado 746, medidas que instan al Congreso de Estados Unidos a establecer una fecha definitiva para el fin de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, conocida como la Junta de PROMESA.
Creada en 2016 para enfrentar la crisis fiscal de la isla mediante la reestructuración de la deuda y la supervisión de las finanzas públicas, la Junta de PROMESA continúa ejerciendo control sobre decisiones clave del gobierno puertorriqueño casi una década después, sin un plazo claro para la conclusión de su mandato. Entre sus áreas de influencia se encuentran el presupuesto gubernamental, el sistema educativo, los servicios públicos y el desarrollo económico a largo plazo.
Las legisladoras argumentan que, pese a avances en la reestructuración de la deuda, la supervisión prolongada ha dejado de cumplir su propósito original y ahora representa un obstáculo para la recuperación de Puerto Rico. Las políticas de austeridad impuestas bajo PROMESA, señalan, han provocado consecuencias profundas y duraderas, incluyendo recortes de más del 50% al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, la pérdida de ingresos esenciales para los municipios, retrasos en la recuperación tras los huracanes María y Fiona, así como los terremotos de 2020, y una migración masiva de más de 600,000 puertorriqueños hacia el territorio continental de Estados Unidos.
“La actual estructura de supervisión de la Junta Fiscal no ha logrado brindar la estabilidad económica ni las oportunidades que Puerto Rico merece”, expresó la representante López. “Por el contrario, ha prolongado el déficit económico y debilitado la confianza pública. Desde Florida, nos unimos al pueblo de Puerto Rico para exigir una transición responsable que devuelva el control al gobierno local y permita que la isla avance hacia un futuro económico más fuerte, justo y sostenible”.
Por su parte, la senadora Arrington subrayó el impacto directo que la situación de Puerto Rico tiene en Florida, estado que alberga a una de las comunidades puertorriqueñas más grandes del país. “Como hogar de más de 1.3 millones de puertorriqueños, Florida tiene la responsabilidad de apoyar a nuestros vecinos y seres queridos en la isla”, afirmó. “Puerto Rico merece un camino hacia adelante definido por su gente y no por una junta impuesta y no electa. La Junta de PROMESA tuvo el tiempo de demostrar su propósito, y su control prolongado socava tanto el progreso económico como la autodeterminación democrática”.
Las resoluciones también citan acontecimientos recientes a nivel federal que, según las autoras, refuerzan la urgencia de una acción legislativa. En enero de 2025, el gobierno federal removió a todos los miembros de la Junta de PROMESA excepto uno, dejando a la entidad sin la capacidad de operar conforme a su diseño original.
Una vez aprobadas, las resoluciones HM 4031 y SM 746 serán enviadas al presidente de Estados Unidos, al liderazgo del Congreso y a todos los miembros de la delegación congresional de Florida, como un llamado formal para establecer un calendario claro que ponga fin a la supervisión fiscal y restituya plenamente la autoridad a los líderes electos de Puerto Rico.
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