El oficial de ejército fue rociado con gas pimienta, apuntado con armas y empujado al suelo por dos oficiales de Virginia.
Este suceso se dio en diciembre pasado, sin embargo, la denuncia se levantó esta semana.
La demanda es por 1 millón de dólares, ya que el oficial alega que sus derechos fueron violados.
Bajo esta primicia, los sucesos declaran que el oficial fue detenido, por presunta ausencia de placas en su nuevo carro.
Además, alega que fue agredido por su descendencia afroamericana. De acuerdo con la Primera y Cuarta enmienda, las cuales procuran la libertad de expresión y el derecho a la privacidad; el oficial fue privado de sus derechos civiles.
Esto debido a que los oficiales de Estados Unidos, usaron fuerza excesiva, incautación ilegal, y registro ilegal.
Dicha demanda, en un principio, se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos; y sigue en proceso.
Por su parte, los oficiales demandados, Joe Gutierres y Daniel Crocker, se mantienen al margen de la situación, y se desconoce su estatus legal, y si tienen algún representante para atender su caso.
Postura de superiores respecto a los demandados
Tras enterarse de las injusticias hechas al segundo teniente Caron Nazario, el administrador municipal William Saunders confirmó el despido de uno de los oficiales agresores.
«Al concluir esta investigación, se determinó que no se siguió la política del Departamento de Policía de Windsor. Esto resultó en una acción disciplinaria, y los requisitos de capacitación adicional, en todo el departamento, se implementaron a partir de enero y continúan hasta el presente. Desde entonces, el agente Gutiérrez también fue despedido de su empleo».
Extracción de un comunicado emitido por la ciudad el domingo.
Por su parte, el segundo oficial, todavía se encuentra laborando en el departamento policial.
Indignación que provocó el suceso
Las injusticias respecto al Oficial de Ejército, causaron una indignación, tanto para el cuerpo policial, como al público.
«Nuestro Commonwealth ha realizado un trabajo importante en la reforma policial, pero debemos seguir trabajando para garantizar que los virginianos estén seguros durante las interacciones con la policía, que la aplicación de las leyes sea justa y equitativa, y que las personas rindan cuentas».
dijo Northam, gobernador de Virginia, en Twitter el domingo.
Mientras, el caso sigue abierto y sometido a investigación; sin embargo, las autoridades exigen que se resuelva con total transparencia.
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