Lo que comenzó con un simple toque a la puerta terminó en una deportación forzada. Organizaciones comunitarias denuncian el uso de amenazas, la manipulación del miedo y una ofensiva que afecta de manera desproporcionada a madres inmigrantes.
“Mintieron para sacarla de la casa”
Uno de los casos más dramáticos es el de la madre de Johanna Salinas Álvarez, una mujer mexicana que llevaba 13 años en proceso de asilo. Fue detenida el pasado 19 de noviembre en su vivienda en Altamonte Springs.
“Mi mamá abrió la puerta y ellos se identificaron como policías estatales. Le dijeron que necesitaban hablar con ella porque algo había pasado con uno de esos carros blancos y con su hija mayor”, relató Johanna. “Ella salió con el vestido al revés y en sandalias, porque pensó que yo estaba en peligro. En cuanto cruzó la reja, la arrestaron”.
La mujer fue trasladada a un centro de detención migratoria y, según su hija, firmó su deportación bajo presión, sin acceso a una defensa legal adecuada. “Le dijeron que, si no aceptaba, la meterían a la cárcel y que le quitarían a su hija de dos años para entregarla al Departamento de Niños y Familias”, aseguró.
Organizaciones comunitarias alertan que este tipo de operativos están afectando de manera desproporcionada a mujeres y madres de familia. “Estamos viendo un patrón claro: amenazas directas con quitarles a sus hijos ciudadanos para forzarlas a cooperar”, denunció Ericka Gómez-Tejeda, directora de organización del Hope CommUnity Center.
“Aunque no se han llevado niños a centros de detención recientemente, el miedo es real y constante”. Según explicó Gómez-Tejeda, muchas familias viven con temor de abrir la puerta o salir de sus casas ante el aumento de acciones de control migratorio.
Finalmente la madres fue liberada con dos citas migratorias y una orden de salir del país antes del 14 de diciembre. De no hacerlo, le advirtieron, sería encarcelada.
En el último año, datos de la Cárcel del Condado Orange muestran un aumento alarmante en el número de inmigrantes detenidos bajo órdenes de ICE. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el promedio diario de personas con detainers migratorios se incrementó en un 105%, una tendencia que activistas y familias atribuyen a tácticas cada vez más agresivas y engañosas.
Hasta el 30 de noviembre la cárcel del Condado Orange había recibido 5,907 personas con detainers migratorios, muchas de ellas sin cargos criminales. Solo el martes previo a la conferencia, 120 inmigrantes sin cargos penales permanecían bajo custodia migratoria, acercando al centro de detención a su capacidad máxima.
En comparación con noviembre del año pasado, el promedio diario de detenidos aumentó 871%, de acuerdo con el Departamento Correccional del condado.
Activistas también recalcaron que en numerosos casos los agentes se presentan bajo falsas excusas y sin órdenes judiciales firmadas por un juez, lo que vulnera derechos constitucionales básicos. “La comunidad tiene derecho a no abrir la puerta, a guardar silencio y a pedir un abogado”, insistieron.
La preocupación también ha llegado a instancias oficiales. Durante una reciente reunión de la Comisión del Condado Orange, varios comisionados exigieron mayor claridad legal sobre las obligaciones del condado frente a los acuerdos de cooperación migratoria, incluido el programa 287(g).
Aunque funcionarios del condado sostienen que están obligados por ley estatal a aceptar personas con retenciones migratorias, abogados y organizaciones legales aseguran que sí existen alternativas dentro del marco legal vigente.