Brigitte García, alcaldesa del balneario San Vicente, en la provincia de Manabí (suroeste), fue asesinada junto a uno de sus funcionarios.
“Esta madrugada en el sector San Vicente, Manabí, se identificó en el interior de un vehículo 2 personas sin signos vitales, con heridas por impacto de arma de fuego, que corresponden a Jairo L. y Brigitte G. (alcaldesa del cantón San Vicente)”, informó la Policía a través de su cuenta de la red X.
Añadió que unidades especializadas de la institución realizan al momento investigaciones para “establecer la modalidad y móvil del hecho”.
El crimen ocurrió en medio del estado de excepción que rige en Ecuador desde enero, cuando se produjo una arremetida del narcotráfico que dejó una veintena de muertos, explosiones en calles, secuestros temporales de funcionarios carcelarios y la toma armada de un canal de televisión que transmitía en vivo.
La ola de violencia se desató tras la fuga del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel de Guayaquil.
Tras la fuga, el presidente Daniel Noboa declaró al país en un conflicto armado interno y tildó a una veintena de organizaciones narco de “terroristas” y “beligerantes”, desplegando a las Fuerzas Armadas para doblegarlas.
La alcaldesa García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y era parte del movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), quien también informó del hecho.
Según informaciones de medios digitales, la otra persona encontrada sin vida corresponde a Jairo Loor, director de Comunicación del Municipio de San Vicente.
“Si para uno es tan duro, imagino cómo deben estar sus familias. No tengo palabras”, escribió en X el exmandatario Rafael Correa.
El crimen de García también se dio en un momento en que el país está abocado a un proceso de votación para una consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril.
Entre los asuntos que se votarán en esa consulta se incluyen preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.