Por Delma Alicea, columna invitada
Soy abogada del derecho al voto y nací ciudadana estadounidense en Puerto Rico. Sin embargo, mi certificado de nacimiento no coincide con mi licencia de conducir ni con mi pasaporte. Las personas nacidas en el archipiélago tradicionalmente usamos dos apellidos, pero en Estados Unidos con frecuencia se registra solo uno y el otro se omite o se clasifica erróneamente. Así, un votante puede tener múltiples versiones de su nombre en documentos oficiales. Estas diferencias no afectan la ciudadanía, pero bajo requisitos estrictos de documentación pueden convertirse en una barrera para votar.
En mi caso, las inconsistencias entre mis documentos generan conflictos en registros gubernamentales. Mi apellido, Alicea, a menudo es confundido con mi primer nombre y, como no tengo segundo nombre, el error se agrava. Cuando me casé decidí no cambiar mi apellido para evitar más complicaciones. Millones de ciudadanos no pueden evitar discrepancias similares. Bajo propuestas como el SAVE Act, y el SB 1334 y HB991 de Florida, estas diferencias podrían ser suficientes para impedir que ciudadanos elegibles se registren o que sean eliminados de los registros de votantes.
LatinoJustice ha advertido al Senado de Estados Unidos que el SAVE Act va a privar del voto a millones de ciudadanos y ha luchado legalmente para oponer estas propuestas inconstitucionales. El año pasado, un tribunal federal bloqueó una orden ejecutiva que exigía presentar documentos como pasaporte para registrarse. Estas iniciativas parten de la premisa de que el sistema actual es insuficiente, pero esa justificación carece de fundamento y es una falacia.
La ley federal ya permite certificar la ciudadanía bajo juramento. Además, existen sanciones severas para quienes declaran falsamente ser ciudadanos y consecuencias graves para no ciudadanos que voten ilegalmente. No hay evidencia de fraude generalizado que justifique nuevas barreras documentales. Exigir documentos adicionales no fortalece significativamente la integridad electoral. En cambio, es un impuesto moderno al voto, o “poll tax”, imponiendo costos económicos, trámites complejos y demoras que afectan desproporcionadamente a ciudadanos de bajos ingresos. Este tipo de barreras son inconstitucionales.
Discrepancias documentales son comunes generadas por cambios de nombre, errores administrativos, diferencias en formatos y sistemas digitales. Los documentos pueden perderse durante mudanzas o desastres naturales. Corregir errores puede tomar meses y requiere costos. En 2010, Puerto Rico invalidó todos los certificados de nacimiento emitidos antes de esa fecha, obligando a millones a solicitar reemplazos. El proceso implicó tarifas y retrasos, y hubo personas que pagaron sin recibir el documento solicitado.
En Florida, la decisión de ofrecer el examen de conducir únicamente en inglés parece un esquema intencional para limitar el acceso a una de las formas más comunes de identificación válida. En 2025, más de un tercio de los exámenes en el condado de Hillsborough se realizaron en idiomas distintos al inglés, incluyendo español, kreyòl y portugués. El acceso multilingüe no era excepcional, era una práctica de décadas que facilitaba la obtención de identificación. Limitarlo dificulta que muchos ciudadanos cumplan con nuevos requisitos.
Muchos puertorriqueños son bilingües, pero quienes fueron educados principalmente en español dependen del acceso a materiales en su idioma.
Las Secciones 203 y 4(e) de la Ley de Derecho al Voto (52 U.S.C. §§ 10503 y 10303(e)) exigen que ciertas jurisdicciones provean asistencia lingüística y prohíben negar el derecho al voto por falta de dominio del inglés, protegiendo especialmente a votantes de minorías lingüísticas y a ciudadanos estadounidenses educados en Puerto Rico. Políticas que restringen el idioma debilitan esas protecciones y complican el registro y la corrección de documentos.
Los pasaportes y las REAL ID implican costos considerables. Entre tarifas y documentos de respaldo, el gasto puede superar los $150.
Con el alto costo de vida, estas sumas no son insignificantes. Para muchos puertorriqueños, un pasaporte no es una identificación cotidiana. Como madre soltera con ingresos limitados, no obtuve uno hasta los veintiséis años. Muchos jóvenes y personas con salarios modestos no tienen pasaportes; solo alrededor del 21 % de los estadounidenses con ingresos bajo $50,000 los poseen.
En vez de prevenir fraude, estas medidas constituyen supresión del voto. Al exigir pruebas de ciudadanía, crean barreras que limitan la participación electoral de ciudadanos específicos y reducen su poder político. Todos los ciudadanos merecen votar sin obstáculos innecesarios. La discriminación disfrazada de protección no debería decidir quién puede votar. Es crucial que contactemos a nuestros senadores y legisladores estatales para insistirles que voten en contra de estas leyes de supresión del voto.