El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha convocado a los legisladores estatales a una sesión especial programada para el 27 de enero, con el objetivo de implementar leyes que respalden la agenda de inmigración del presidente electo Donald Trump. Esta decisión llega pocos días antes de que Trump asuma la presidencia el próximo lunes, con promesas de iniciar deportaciones masivas desde el primer día de su segundo mandato.
DeSantis enfatizó la urgencia de abordar la inmigración ilegal, no solo en Florida, sino en todo el país. Parte de su plan incluye el cierre o restricción adicional de los cruces fronterizos con México, así como la asignación de decenas de millones de dólares a las fuerzas del orden locales para respaldar las nuevas medidas.
“Este tema fue uno de los más importantes en las elecciones de 2024 y ha sido una prioridad en este país por muchos años”, declaró DeSantis.
Además, el gobernador busca derogar una ley de una década de antigüedad, firmada por el exgobernador republicano Rick Scott, que permite a los estudiantes indocumentados acceder a matrículas universitarias estatales más asequibles.
Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por todos. La representante estatal demócrata de Orlando, Anna Eskamani, criticó la sesión especial, calificándola de “espectáculo político”.
“Esto es un desperdicio del dinero de los contribuyentes y un intento más del gobernador DeSantis de dividirnos, en lugar de enfocarse en problemas cotidianos como el seguro de propiedad y la asequibilidad de la vivienda”, señaló Eskamani.
A pesar de las críticas, el gobernador está decidido a implementar cambios drásticos en las políticas de inmigración del estado. Los próximos días serán cruciales para determinar cómo Florida responderá a esta nueva era de política migratoria.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, intensificó su retórica sobre la inmigración ilegal, proponiendo medidas que impondrían nuevas responsabilidades a funcionarios locales y estatales, además de financiamiento para expandir las labores de detención y cumplimiento de la ley.
“Los funcionarios estatales y locales en Florida deben ayudar a la administración Trump a hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación”, declaró DeSantis. “Para lograrlo de manera efectiva, necesitamos legislación que imponga deberes adicionales a los funcionarios locales y proporcione financiamiento para cumplir con esas obligaciones”.
El gobernador republicano indicó que está dispuesto a suspender a funcionarios electos que “descuiden sus deberes” bajo los nuevos mandatos de inmigración. Recordó que ya ha removido a varios funcionarios, incluidos dos fiscales estatales, por supuestamente no procesar ciertos crímenes.
El gobernador señaló que planea destinar decenas de millones de dólares para ampliar las capacidades de cumplimiento y detención, y está considerando activar la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Estatal de Florida para llevar a cabo medidas de aplicación dentro del estado.
Una ruptura en el consenso republicano
Sin embargo, la propuesta de DeSantis enfrenta una sorprendente resistencia dentro de su propio partido. En un comunicado conjunto, el presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Danny Pérez, expresaron que es prematuro avanzar con una sesión especial sin una guía clara de la administración Trump entrante.
“Es completamente irresponsable adelantarse a cualquier anuncio que haga el presidente Trump, especialmente cuando una acción estatal desinformada o mal programada podría perjudicar o impedir el éxito de los esfuerzos del presidente para poner fin a la inmigración ilegal”, señalaron los líderes republicanos.
Además, enfatizaron que, aunque el gobernador puede convocar a una sesión especial, “es la Legislatura, no el gobernador, quien decidirá cuándo y qué legislación consideraremos”.
La declaración de Albritton y Pérez marca un inusual acto de independencia dentro del liderazgo republicano estatal, que en años anteriores ha trabajado en estrecha colaboración con DeSantis para avanzar en su agenda política. Esta división podría complicar los planes del gobernador de implementar sus ambiciosas medidas de inmigración antes de que Trump asuma la presidencia.
“Hoy no estamos resolviendo los problemas de los floridanos. Tenemos una crisis de vivienda, una crisis en los seguros de casas y una inflación que es el doble de la del resto del país”, comentó Samuel Vilchez Santiago, presidente del Partido Demócrata del Condado de Orange. “El gobernador y los republicanos deberían estar enfocándose en resolver estos problemas en lugar de atacar a nuestras comunidades inmigrantes”.
Vilchez destacó que esta agenda extremista resulta particularmente preocupante, dado el papel crucial que los inmigrantes desempeñan en sectores clave de la economía estatal. “En industrias como la construcción, la agricultura y el turismo, casi la mitad de los empleados son inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, con TPS o DACA”, explicó. “Si seguimos atacando a los inmigrantes, estamos atacando el bienestar de todas nuestras familias. Esto no resuelve los problemas de los floridanos; solo avanza una agenda política”.
Asimismo, celebró la postura del presidente del Senado y del líder de la Cámara, Danny Pérez, quienes señalaron que los temas relacionados con la inmigración podrían esperar y ser debatidos en una sesión regular en lugar de una especial. “Me parece importante que hayan reconocido lo apresurado de este enfoque”, afirmó.
Carlos Guzmán, líder comunitario puertorriqueño de Orange County, está haciendo un llamado urgente al sheriff local, John Mina, para que priorice la seguridad de la comunidad en lugar de involucrarse en la agenda de deportaciones masivas impulsada por el expresidente Donald Trump.
“El sheriff tiene la opción de concentrarse en mantener segura nuestra comunidad o de destinar nuestros limitados recursos para aumentar las deportaciones como parte de la agenda nacional de Trump. La decisión depende de los residentes de Orange County, quienes deben llamar ahora al sheriff John Mina y exigir que se enfoque en la seguridad local y no en temas nacionales”, finalizó Guzmán.
El senador estatal Randy Fine, republicano del condado de Brevard, presentó un proyecto de ley que pondría fin a la matrícula estatal para los “dreamers”, jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños.
DeSantis mencionó que espera que la administración Trump amplíe el programa 287(g), que permite a las autoridades locales y estatales desempeñar algunas funciones en la aplicación de las leyes de inmigración. Aseguró que este programa debería ser obligatorio para las agencias de seguridad de Florida.
Algunos sheriffs de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach han declarado que no participarán en redadas de personas que viven ilegalmente en el país, aunque cooperarían con las autoridades federales entregando a aquellos acusados de un crimen y que tengan una orden de detención migratoria.
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