Lo que comenzó como una visita oficial de inspección terminó siendo una denuncia pública por parte de varios legisladores estatales y federales que acudieron al controvertido centro de detención ubicado en el sur de Florida, conocido informalmente como “Alligator Alcatraz”.
Los representantes Debbie Wasserman Schultz (FL-25), Darren Soto (FL-9), Maxwell Frost (FL-10) y Jared Moskowitz (FL-23), entre otros, aseguraron que fueron testigos de lo que describieron como “una versión desinfectada” del centro, gestionado por la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) y en aparente coordinación con autoridades federales.
“Vi personas enjauladas, 32 hombres adultos por celda, solo tres baños disponibles y agua potable que salía de los mismos inodoros”, denunció el congresista Maxwell Frost, visiblemente afectado. “Nos dejaron mirar brevemente, pero no entrar. Gritaban ‘¡Ayúdenme!’, uno de ellos incluso gritó que era ciudadano estadounidense. Fue devastador”.
Diferentes experiencias, misma frustración
La representante estatal Rita Harris ofreció una descripción estructurada, detallando el protocolo de seguridad al que fueron sometidos antes de entrar al complejo: revisiones corporales, detectores de metales y prohibición total de dispositivos electrónicos.
“Nos llevaron por varias zonas del complejo, algunas al aire libre, otras dentro de lo que parecían carpas militares. Estas estructuras normalmente se usan como base en catástrofes naturales, pero aquí han instalado jaulas para detener personas”, explicó Harris.
“Nos dijeron que no podíamos hablar con los detenidos por normas de privacidad médica (HIPAA), pero ¿cómo podemos verificar sus condiciones si no escuchamos sus voces?”, cuestionó Harris. “Teníamos que mirar desde la puerta, con guardias delante, impidiéndonos ver con claridad”.
Una instalación rodeada de dudas legales
Según las autoridades locales, este centro se construyó en solo ocho días bajo los poderes de emergencia otorgados al gobernador de Florida tras declarar estado de emergencia. Esto permitió el uso de fondos públicos sin pasar por las mismas regulaciones que, por ejemplo, exige el Departamento de Correcciones.
“Nos dijeron que el centro es una instalación federal, pero otras veces dijeron que es estatal. Hay contradicciones constantes. Lo único claro es que este lugar funciona fuera del escrutinio público y con dinero de los contribuyentes”, advirtió Harris.
Además, se reveló que el centro alberga aproximadamente 750 personas clasificadas con pulseras de colores (amarillo, naranja, rojo) según el tipo de infracción. “Muchos de ellos ni siquiera tienen antecedentes criminales. Algunos están ahí por infracciones civiles”, explicó la legisladora.
Durante la visita, varios legisladores escucharon a los detenidos gritar “¡Libertad!”, una escena que algunos describieron como emocionalmente abrumadora.
“Vi gente que se parecía a mí, de mi edad. Esto no es un centro de detención, es un campo de internamiento lleno de latinos. Cualquier floridano debería sentirse avergonzado de que su dinero esté financiando esto”, dijo el congresista Frost.
Soto, visiblemente consternado, comparó la situación con momentos oscuros en la historia del estado.
“Para empeorar las cosas, están quitando estatus legal a casi un millón de personas con TPS —ciudadanos que han vivido y trabajado aquí por años— y los están deportando de la forma más inhumana posible: a instalaciones infestadas de mosquitos, con inundaciones, sin condiciones dignas. Las luces están encendidas todo el día, hace demasiado calor o demasiado frío. Es un desastre”, añadió el congresista Soto.
“Florida ya ha tenido capítulos oscuros, pero lo que estamos presenciando aquí es otro más. La historia nos va a juzgar, y muchos van a mirar atrás con vergüenza por lo que permitimos. La mayoría de las personas detenidas aquí son hombres jóvenes, hispanos, y están siendo tratados en condiciones inhumanas”, añadió Soto.
Según Harris, el contrato con la empresa que gestiona el centro asciende a 450 millones de dólares, recursos que, según ella, “podrían usarse para pagar 8,000 maestros o mejorar el acceso a la salud”.
“Esta instalación no es necesaria. Es inhumana, opaca, costosa e injustificada. Debe cerrarse de inmediato”, concluyó.