TALLAHASSEE — Un proyecto de ley que avanza en la Legislatura de Florida podría transformar el mapa de la vivienda en el estado al reducir la capacidad de los gobiernos locales para bloquear desarrollos multifamiliares y facilitar la construcción de unidades asequibles, incluidas viviendas accesorias y complejos de uso mixto.
La propuesta autoriza el desarrollo de viviendas multifamiliares y proyectos residenciales de uso mixto en propiedades específicas, incluso en zonas donde históricamente predominó la vivienda unifamiliar. Además, prohíbe que condados y municipios impongan ciertas restricciones de diseño, requisitos de retiro (setbacks) o limitaciones que, según defensores del proyecto, han encarecido o frenado la construcción de vivienda asequible.
Uno de los puntos centrales obliga a los gobiernos locales a adoptar ordenanzas que permitan las llamadas “accessory dwelling units” (ADUs), pequeñas unidades residenciales construidas en el mismo terreno que una vivienda principal. El proyecto también prohíbe que esas ordenanzas incluyan requisitos considerados excesivos.
La iniciativa incluye protecciones contra prácticas discriminatorias basadas en el tipo de financiamiento del desarrollo —por ejemplo, si utiliza créditos fiscales federales para vivienda de bajos ingresos— y autoriza incentivos para propietarios que donen terrenos destinados a vivienda asequible para familias militares. También encarga a OPPAGA evaluar mecanismos para estimular la construcción y uso de “tiny homes” como alternativa habitacional.
El proyecto S/CS/HB 1389, relacionado con vivienda asequible durante la sesión legislativa de Florida de 2026, es impulsado por el Commerce Committee, el Housing, Agriculture & Tourism Subcommittee y el representante estatal Mike Redondo, quien figura como patrocinador principal. El representante Nix aparece como copatrocinador de la iniciativa.
La propuesta legislativa busca ampliar, revisar e implementar regulaciones orientadas a facilitar el desarrollo de vivienda asequible en el estado. Entre sus disposiciones más relevantes, autoriza desarrollos residenciales de uso mixto, prohíbe ciertas restricciones locales que limiten este tipo de proyectos, exige a los gobiernos municipales adoptar ordenanzas sobre unidades de vivienda accesorias (ADU) y ordena a la oficina OPPAGA realizar un estudio sobre mecanismos para promover la construcción y uso de “tiny homes”. Hasta finales de febrero de 2026, la medida continuaba avanzando en comités dentro de la Cámara de Representantes de Florida.
¿Equivalente al modelo de Nueva York?
En Nueva York, la vivienda de interés social se ha desarrollado durante décadas bajo esquemas como:
- Vivienda pública administrada por autoridades estatales o municipales.
- Programas de renta estabilizada.
- Requisitos obligatorios de inclusión de vivienda asequible en proyectos privados (inclusionary zoning).
- Subsidios directos y grandes complejos financiados con fondos públicos.
El proyecto en Florida, por lo que describe su lenguaje, no crea un sistema de vivienda pública ni obliga a construir un porcentaje específico de unidades de interés social, como ocurre en algunos programas neoyorquinos. Tampoco establece directamente controles de renta.
Lo que sí hace es:
- Reducir barreras regulatorias locales.
- Facilitar mayor densidad.
- Proteger desarrollos que usen financiamiento para vivienda asequible.
- Permitir modelos alternativos como ADUs y viviendas pequeñas.
En otras palabras, el proyecto parece más orientado a desregular y habilitar oferta, no a crear un sistema robusto de vivienda pública como el de Nueva York.
¿Puede abrir la puerta a complejos de vivienda social?
Sí, podría hacerlo indirectamente. Al limitar el poder de los municipios para bloquear proyectos y al proteger desarrollos financiados con créditos para vivienda asequible, se reduce uno de los principales obstáculos que históricamente han enfrentado este tipo de complejos en Florida.
Sin embargo, la construcción efectiva de vivienda de interés social dependerá de:
- Incentivos económicos.
- Participación de desarrolladores privados.
- Disponibilidad de financiamiento estatal o federal.
- Reglamentación final tras posibles enmiendas.
Lo que sigue es que se envíe al pleno de la Cámara de Representanes para su aprobación. Si pasa la mayoría de los votos iría al Senado para su aprobación, si logra pasar, se llevaría al escritorio del gobernador para su aprobación o veto.