Residentes del Condado de Orange han expresado su rotundo rechazo a la propuesta de la firma de abogados Lowndes, para establecer una planta de tratamiento de residuos líquidos, incluidos desechos de fosas sépticas, en una zona industrial cercana a South Orange Blossom Trail.
La comunidad, preocupada por los posibles impactos negativos en su calidad de vida, ha dejado claro que no permitirá que el proyecto avance sin luchar en contra de la instalación.
El proyecto, propuesto cerca del cruce entre South Orange Blossom Trail y Central Florida Parkway, busca establecer una instalación de residuos sépticos. Esa área del condado permite usos industriales intensos. Sin embargo, para obtener la autorización, la empresa necesita un permiso especial, lo que requiere la revisión del Consejo de Zonificación y un dictamen consultivo.
Uno de los puntos clave en este proceso es que, aunque la empresa cumpla con ciertos requisitos técnicos, la aprobación final no puede darse si la comunidad se opone.
“Nosotros, la comunidad, estamos diciendo que no, y si aprueban este proyecto, aun con nuestra oposición, iremos a la corte. No nos vamos a detener”, comentó en entrevista con La Prensa, el empresario Nelson Cabrera, quien tiene una propiedad en la zona.
Otro punto de preocupación es la falta de transparencia por parte de la firma de abogados de la empresa. Según los residentes, en la aplicación presentada al condado no aparece el nombre de la empresa en ninguna parte, sino que solo se menciona al bufete de abogados que la representa, algo que ha generado desconfianza. “Nos parece que no hay transparencia. ¿Por qué no aparece el nombre de la compañía que realmente va a manejar el servicio?”, se preguntan los vecinos, quienes sospechan que algo se está ocultando.
Los residentes se quejan de que la primera solicitud de los abogados fue el 8 de mayo, y una de las excepciones para darles una audiencia era que no hubiese oposición de los vecinos, que no la pudieron manifestar, porque los vecinos se enteraron del proyecto hasta el 23 de julio.
Luego en audiencia pública que se llevó a cabo el 5 de septiembre más de 250 personas se presentaron en contra del proyecto. Ante esta abrumante oposición, los abogados de la empresa solicitaron que se pospusiera la reunión, y el condado aceptó la petición sin escuchar a la comunidad, algo que ha indignado a los residentes. La nueva fecha para la audiencia es el 5 de diciembre, una jornada crucial para el futuro de la planta.
“Nos parece injusto que, ni siquiera consideraran nuestra postura y aceptaran de inmediato la solicitud de aplazamiento. Es importante que la comunidad esté informada de lo que está sucediendo y que se exponga lo que están haciendo los funcionarios del condado de Orange. No podemos permitir que una empresa con poder y sus abogados con ayuda de los funcionarios del condado se impongan sobre nuestra comunidad”, expresó Cabrera.
La mayoría de los residentes y empresarios de esa zona en el sur de Orlando son de la comunidad hispana, lo que ha sido una parte vital del movimiento de oposición y está decidida a no permanecer en silencio. “Nuestra comunidad sigue creciendo y debe ser escuchada”, afirmó Cabrera, haciendo un llamado a la unidad.
Uno de los puntos críticos que los vecinos destacan es la falta de información sobre los químicos que se podrían utilizar en la planta y los posibles riesgos que podrían representar para el medio ambiente y la salud pública. Aunque la empresa ha presentado documentos legales en orden para la aprobación del proyecto, los residentes argumentan que hay estatutos y regulaciones adicionales que deben seguirse antes de permitir que la planta entre en funcionamiento.
“En la reunión del BCS (Board of County Supervisors) a la que asistimos el 5 de septiembre, no supieron de qué se va a tratar exactamente esa planta de reciclaje. Algunos mencionan que era sobre ‘wastewater’, [aguas residuales] otros hablaban de reciclaje, y otros mencionan un químico que se utilizará. Nos preocupa no saber a qué tipo de proyecto nos estaríamos enfrentando. ¿Cómo es posible que nos pidan aprobar algo que ni siquiera está claro?”, dijo Stefany Vielma, quien ha ayudado a organizar a la comunidad y a recolectar firmas.
De acuerdo con el código del condado de Orange, las instalaciones de gestión de residuos sépticos procesan una mezcla de lodos, grasas, heces humanas y aguas residuales provenientes de sistemas sépticos. También tratan residuos de restaurantes, baños portátiles y tanques de retención de barcos y marinas.
Dijeron que Taylor Jones, funcionario encargado del caso por parte del condado de Orange se vio abiertamente a favor de los solicitantes de la planta. “Lo que más molesta es que parece que todo el proceso ha sido manejado con poca claridad. Aún no hay una decisión oficial sobre el proyecto, pero nos dijeron que podría resolverse en diciembre, aunque es posible que se mueva antes”, agregó Cabrera.
Dicen que es indignante que después de movilizar a más de 200 personas para asistir a la reunión, no se nos haya dado una respuesta clara. La estrategia de los abogados parece ser retrasar el proceso hasta diciembre, sabiendo que mucha gente no podrá asistir. “Si aprueban el proyecto ese día, el abuso de poder quedará expuesto”, afirmaron.
“Nosotros, como comunidad hispana, sentimos que no nos respetan. Esto tiene que cambiar, y la única manera de hacerlo es no rendirse. He hablado con un compañero, dueño de una propiedad, que me dijo que no quiere involucrarse para evitar problemas, pero eso no puede ser. Si seguimos con miedo, nos seguirán abusando. No podemos quedarnos callados”, expresó Cabrera.
Mayte Montero, dueña de un restaurante en la zona que tiene más de 20 años expresó su preocupación diciendo: “Nos dijo que nos iba a educar, que éramos una comunidad de hispanos que no se informaba y que no leía. Hemos buscado información y no estamos en contra de la planta, sino del lugar donde quieren instalarla”, afirmó la empresaria.
Mientras tanto, los abogados que proponen el proyecto han hecho reuniones comunitarias. Sin embargo, los residentes y trabajadores de la zona lo ven como una intrusión y han recolectado más de 800 firmas en una petición en contra del proyecto.
A pesar de las garantías de la empresa y del condado, los residentes siguen escépticos. “Nos han mantenido en la oscuridad sobre los procesos de la empresa, los productos químicos que podrían utilizar y los riesgos que esto podría conllevar”, expresó la empresaria Heiki Oquendo.
Según un informe del personal del condado, toda la operación propuesta tendrá lugar dentro de un edificio existente, con materiales de desecho almacenados, procesados y tratados únicamente en su interior. Además, la operación debe cumplir con los estándares de calidad del aire del condado, sujetos a inspecciones por parte de la división de protección ambiental del condado.
“Eso no nos garantiza nada porque para cumplir con los estándares tendrían que ser muy estrictos en el mantenimiento y somos pequeños empresarios que dependemos de nuestras propiedades y negocios. El miedo de que este proyecto afecte nuestras vidas y medios de sustento es real. He escuchado historias de personas que viven cerca de plantas de tratamiento y han sufrido graves problemas de salud, como el caso de mi exesposo, que falleció de cáncer por vivir cerca de una planta similar. Es algo que afecta no solo el aire, sino también la salud digestiva y general de las personas”, agregó Montero.
“Es por eso por lo que seguiremos luchando. No estamos en contra del proyecto en sí, sino del lugar donde quieren instalarlo, que afectaría a tantos negocios y hogares. Nuestra comunidad tiene derecho a vivir sin miedo a que nuestra salud y bienestar se vean comprometidos por decisiones que se toman sin nuestra participación adecuada”, agregó Vielma.
A pesar de estas garantías, la comunidad cercana, que vive a solo un cuarto de milla de la instalación, sigue preocupada por los posibles impactos ambientales y la falta de transparencia del proyecto y dicen que se oponen contundentemente a la planta.
Con la audiencia clave programada para diciembre, este segmento de la comunidad del condado de Orange sigue en pie de lucha, determinada a proteger su calidad de vida y evitar que un proyecto que consideran dañino avance sin una adecuada revisión pública.
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