El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, uno de los sheriffs republicanos más influyentes, respetados y considerados efectivos dentro de su partido —y a quien muchos percibían como una figura de línea dura en temas migratorios—, hoy lidera una petición poco común: no deportar a inmigrantes sin antecedentes penales que trabajan, contribuyen a la economía y no dependen de ayudas gubernamentales.
En medio del intenso debate nacional sobre inmigración, el alguacil del condado Polk, Grady Judd, ha salido al paso de lo que califica como interpretaciones erróneas de sus declaraciones recientes, dejando clara su posición: respalda firmemente la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, pero considera necesario establecer un enfoque más matizado para quienes no representan una amenaza.
Durante una reunión del Consejo Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria de Florida —un organismo integrado por alguaciles y jefes de policía que asesora en políticas públicas— Judd y otros miembros coincidieron en que no todos los casos deben tratarse de la misma manera. En particular, plantearon que los inmigrantes sin historial delictivo, que trabajan, contribuyen a la comunidad y mantienen a sus familias dentro de la ley, podrían ser considerados bajo condiciones distintas.
“Esas son las personas que necesitamos en este país, que debemos acoger, porque somos una nación de inmigrantes”, expresó Judd. No obstante, contrastó este grupo con lo que describió como “criminales problemáticos” que, según dijo, han ingresado al país para delinquir y victimizar a otros. “Para los que tienen buenas intenciones y hacen lo correcto, es razonable encontrar un camino”, añadió.
Las declaraciones generaron titulares que sugerían una ruptura con la línea dura impulsada por líderes republicanos como el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Sin embargo, Judd rechazó categóricamente esa interpretación.
“No es cierto que haya una rebelión contra las políticas de deportación masiva”, afirmó. “Nosotros apoyamos plenamente la deportación de inmigrantes ilegales que son criminales, que tienen órdenes de deportación o que están causando problemas. Si ICE dice que deben ser deportados, nosotros cooperamos al 100%”.
El alguacil insistió en que las fuerzas del orden en Florida mantienen una estrecha colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y que no existe ninguna desviación de las políticas establecidas por el gobierno estatal o federal. Según dijo, su intención es aportar información basada en la experiencia diaria en el terreno, no definir la política migratoria.
El Consejo Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria, creado por la Legislatura de Florida, funciona precisamente como un “tanque de pensamiento” compuesto por expertos en seguridad pública. Su rol es analizar datos, identificar tendencias y ofrecer recomendaciones a la junta estatal encargada de tomar decisiones.
“No estamos aquí para decidir políticas, sino para proporcionar información real de lo que vemos todos los días”, explicó Judd.
En ese contexto, el alguacil propuso considerar alternativas para ciertos inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. Entre las condiciones mencionadas se encuentran el aprendizaje obligatorio del inglés, evidencia de empleo estable, no depender de asistencia gubernamental y demostrar una contribución positiva a la comunidad.
“Estas son personas que están ayudando a la economía, que están criando a sus hijos, que no están causando problemas. Están viviendo el sueño americano, aunque hayan llegado de forma ilegal”, señaló. “Necesitamos encontrar un camino para ellos”.
No obstante, Judd enfatizó que esta postura no implica tolerancia hacia quienes cometen delitos. De hecho, subrayó que las agencias del orden enfrentan una carga significativa al tratar con inmigrantes indocumentados involucrados en actividades criminales. “Tenemos suficiente trabajo para dos vidas enteras lidiando con quienes violan la ley, son peligrosos y no respetan el sistema”, dijo.
Datos presentados por su oficina respaldan esta afirmación. Según Judd, el 76% de las detenciones migratorias realizadas por su departamento están vinculadas a cargos criminales adicionales, mientras que el 24% restante corresponde a personas que no enfrentaban acusaciones, aunque muchas de ellas estaban asociadas con individuos que sí cometían delitos.
El alguacil también destacó cambios en la cooperación federal que han impactado el trabajo local. Explicó que actualmente existen alrededor de 1.5 millones de órdenes de deportación activas en bases de datos nacionales, lo que permite a los agentes identificar más fácilmente a personas con procesos migratorios pendientes durante interacciones rutinarias.
A pesar de las críticas y el debate político, Judd afirmó que su enfoque responde al “sentido común” y a la realidad que viven las comunidades. “No se trata de política, se trata de hacer lo correcto para la gente”, sostuvo. “No hay una sola solución para todos los casos”.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso para que asuma un papel más activo en la creación de una política migratoria integral. “Tenemos entre 10 y 18 millones de personas en el país sin estatus legal. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Esa es la pregunta que necesita respuesta”, planteó.
Según cifras oficiales, actualmente existen alrededor de 1.5 millones de órdenes de deportación vigentes. Además, estimó que en Estados Unidos residen entre 10 y 18 millones de inmigrantes indocumentados.
Mientras tanto, insistió en que las agencias locales continuarán cumpliendo con la ley y colaborando con las autoridades federales. “Nosotros no decidimos quién es deportado. Identificamos, reportamos y seguimos las instrucciones. Pero también tenemos la responsabilidad de decir lo que estamos viendo en el campo de trabajo”, concluyó.