Los residentes del parque de casas móviles de Lake Downey recibieron un aviso de desalojo efectiva el 6 de enero, en una carta donde se dice que el dueño intenta cambiar el uso de suelo y les comunica la terminación del contrato del arrendamiento.
Para empeorar las cosas, el antiguo dueño vendió esa propiedad y se declaró en bancarrota, los residentes sospechan que lo hizo para no indemnizar a las familias que debido a que sus casas son tan viejas no se pueden mudar a otro lugar.
Además hay un posible error en la oficina de permisos del condado de Orange, pues no ha notificado a los residente para que participen en la vistas públicas para el cambio de zonificación. Según dijo Mario Nevarez, CEO de la Foundation Trading Group, una organización de desarrollo de bienes raíces. Agregó que el dueño Lake Downey Park no han presentado un plan de desalojo razonable al municipio, lo que presuntamente es una violación a los derechos civiles federales de los residentes.
Y es que más de 65 familias recibieron la repentina notificación de abandonar o mover sus casas móviles, en las cuales han vivido desde cinco años hasta toda una vida. Los residente de esta comunidad son personas de bajos recursos, una comunidad mixta donde la mayoría son hispanos originarios de Puerto Rico, Cuba y México.
Líderes comunitarios como Marytza Sanz presidenta de Latino Leadershipy el pastor Mathew Findley de Faith United Methodist Church se reunieron con los residentes para escuchar la situación.
“No tengo el dinero para mudarme. Están pidiendo mucho para rentar un apartamento. Este asunto nos tiene bien estresados. No duermo, ni tengo ganas de comer y mucha gente de este parque está igual que yo”, explicó Zenaida Ibañez, quien vive con su nieta y cuatro niños. En total viven ocho personas en su casa móvil.
Los afectados hacen un llamado a todos los funcionarios electos que tienen jurisdicción en esa área del condado de Orange, desde el alcalde Jerry Demings, la comisionada Mayra Uribe, el representante estatal Carlos Guillermo Smith, la senadora Linda Stewart, el congresista Darren Soto y el gobernador Ron DeSantis a reunirse con los residentes para elaborar un plan de trabajo para una reubicación inmediata.
“Yo pagó $440 al mes por la renta del terreno. Fuimos a buscar una casa y te piden $20,000 de enganche. Lo que pedimos es que nos den más tiempo para buscar donde irnos”, dijo Ibañez quien es originaria de Cuba, trabaja de camarera y llevaba 10 años viviendo en ese parque.
“Nuestra participación tanto de la iglesia Faith United Methodist como de las personas que estamos trabajando para ayudar a las familias es empoderarlas. Si hay que hacer algo en inglés; si hay que ir con los funcionarios electos; nosotros los acompañamos y le explicamos el camino para organizarlos y ayudarlos a valerse por si mismos”, señaló Carlos Guzmán líder comunitario.
Entre los residentes hay personas indocumentadas, niños, abuelos criando niños. Hay 50 familias hispanas procedentes de Cuba, Puerto Rico y México y un par de americanos. Según Teresa Jiménez, una mexicana que llegó al parque en 2008, una nueva compañía es la dueña del terreno es quien les envió un aviso de desalojo con fecha del 6 de junio.
“Ellos se encargan de cobrar la renta de los meses que nos quedan por vivir aquí y también hemos visto que hay venido a medir los terrenos”, dijo Jiménez, quien pagó por su casa móvil $15,000 pero no la puede sacar porque ya que está muy vieja. Entonces mucha gente está esperanzada de que el nuevo dueño les de algo por las casas que van a demoler. “No podemos pelear más porque el dueño se declaró en bancarrota”.
Muchos de los residentes renovaron sus casas e invirtieron mucho dinero que ahora se perderá. Al menos están pidiendo que les den más tiempo, por lo menos un año para que los estudiantes terminen el curso escolar.
“Yo me dedico a remodelar casas y mi móvil home lo remodelé. Saqué pisos y paredes viejas y puse todo nuevo. Invertí tres años de trabajo y dinero. Lo último que invertí fueron como $4,000. Una persona vendió su móvil home hace cinco meses en $40,000. Yo tengo tres cuartos y tres baños por lo que pienso que está valorada en $50,000”, dijo Jorge Treviño quien llegó hace tres años al lugar.
“Muchos fueron a hablar con abogados y dijeron que no se podía hacer nada. De las 64 casas móviles, solo van a poder sacar 10 ya que no es legal moverlos por lo viejas que están. Los abogados dijeron que deberíamos estar agradecidos que nos dieron seis meses para mudarnos”, agregó Treviño.
Por su parte Nevarez, quien tiene experiencia en los programas federales de vivienda tal como Community Housing Development Organizations, (Organizaciones de Vivienda y Desarrollo, Comunitario), así como en derechos civiles en su sección de vivienda, explicó que el presidente Joe Biden abrió el White House Task Force (el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca) que puede permitir traer a la oficina del presidente problemas como el que está sucediendo Lake Downey. Esto permite proveer el dinero federal por medio de una carta.
“A Vieques le envió $10 millones para infraestructura y limpieza de la playa. Nuestros senadores y representantes pueden tocar esa puerta”, dijo Nevarez. Aseguró que Demings tiene elementos de que algo puede suceder en el caso de Lake Downey. “Presentaremos una querella para que no den permiso o adjudicación del cambio de suelo que está pidiendo el dueño del predio, porque se supone que para cuando hay una cambio de zonificación se deben tener vistas públicas y parte de ese protocolo es notificar desde el centro a todas las personas que viven alrededor de esa comunidad”.
Y es la misma comunidad que debe hacer una querella y decir que no se les notificó sobre el cambio propuesto.
“Una cosa es que la oficina del dueño diga que emitieron el aviso, pero cometieron el error de no avisar de vistas públicas donde deben tener un plan de desalojo, que lo pueden estar cumpliendo por medio de esas cartas que le están enviando a los residentes, pero los están obligando a desalojar y a través de las leyes locales. El hecho de que cumplas a nivel local no significa que has cumplido a nivel federal”, agregó el líder comunitario.
Nevarez aseguró que la organización Neighborworks quien provee recursos, soporte técnico y entrenamiento a líderes locales para crear oportunidades a la gente de vivir en viviendas asequibles tiene conocimiento del desalojo. “Ya presentamos el tema a Karla Gabriela Prieto que es la personas encargada en Florida para someter una querella”, finalizó Nevarez.
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