El gobierno de Donald Trump está ofreciendo $1,000 a inmigrantes indocumentados que regresen voluntariamente a sus países de origen, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Esto se gestionaría por la aplicación CBP Home, una plataforma móvil previamente implementada bajo la administración Biden para facilitar citas legales para ingresar a Estados Unidos.
Ahora, esta herramienta permite notificar a las autoridades migratorias la intención de salida voluntaria. El pago del estipendio se entregará una vez que se confirme la llegada del inmigrante a su país de origen.
“La autodeportación es una manera digna de salir de Estados Unidos y permitirá a los extranjeros ilegales evitar ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, indicó el comunicado del DHS. “Incluso con el costo del incentivo económico, se proyecta que el uso de CBP Home reducirá el costo de una deportación en alrededor de un 70%. Actualmente, deportar a una persona indocumentada cuesta en promedio $17,121”.
El DHS informó que un inmigrante hondureño que residía en Chicago ya utilizó la app esta semana para regresar a su país, y que hay más salidas voluntarias programadas en las próximas semanas. Sin embargo, no se especificó en qué consiste exactamente la “asistencia para viajar”.
“Si una persona está presente en Estados Unidos sin autorización legal, la salida voluntaria a través de CBP Home es ahora una opción segura, práctica y eficiente para el contribuyente”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Este programa respalda a nuestro personal de seguridad, garantiza un trato humano y ofrece a los inmigrantes elegibles un proceso digno para regresar a casa”.
Los inmigrantes que notifiquen su “intención de salir” a través de la aplicación serán despriorizados en las acciones de cumplimiento migratorio durante su proceso de salida. Además, el DHS señaló que esta participación podría influir positivamente en futuras solicitudes de ingreso legal al país.
La administración Trump ha redoblado su estrategia de “autodeportación”, retirando protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes y promoviendo campañas públicas que animan a los indocumentados a regresar a sus países por cuenta propia para evitar ser detenidos y expulsados por la fuerza.
En los primeros 100 días de esta nueva administración, millones de inmigrantes legales, especialmente dentro de las comunidades hispanas de Florida, enfrentan una creciente incertidumbre sobre su estatus migratorio. La cancelación de programas como el parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos ha dejado a muchos en un limbo legal, incrementando el temor de deportaciones masivas y debilitando procesos legales establecidos.
Actualmente, varias de las acciones ejecutivas impulsadas por Trump están siendo desafiadas en tribunales federales. Una de las más relevantes es el futuro del TPS para venezolanos, que se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de EE.UU.. Defensores de inmigrantes advierten que la decisión podría transformar radicalmente cómo se aplica este programa, tradicionalmente respaldado por presidentes de ambos partidos.
La semana pasada, la administración Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema que revoque una orden judicial que protege temporalmente a cientos de miles de venezolanos de la deportación mientras su demanda contra el gobierno avanza.
En Florida, líderes comunitarios, abogados y defensores advierten que la ofensiva migratoria podría dejar a más de 500,000 inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos enfrentando un ultimátum doloroso: salir por voluntad propia o exponerse a la detención y expulsión forzada, tras la cancelación del programa humanitario CHNV.
A pesar de las crecientes amenazas de deportación, muchos inmigrantes optan por permanecer en Estados Unidos, argumentando que los peligros y la inestabilidad en sus países de origen superan los riesgos de quedarse.