MIAMI — El centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en el corazón de los Everglades dentro de la reserva de Big Cypress, podría cerrar sus operaciones en junio, según informes divulgados por proveedores vinculados a la instalación, mientras organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee se preparan para retomar su batalla en los tribunales federales.
La instalación, levantada apresuradamente durante el verano de 2025, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de grupos conservacionistas que aseguran que opera ilegalmente dentro de una de las zonas ecológicas más sensibles de Florida. El centro fue utilizado para detener inmigrantes como parte de las políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Donald Trump.
Las organizaciones ambientalistas Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity indicaron que el posible cierre llega justo antes de que un tribunal federal reactive el caso judicial que busca detener permanentemente el proyecto.
“No vamos a detenernos hasta que Alligator Alcatraz sea clausurado y los daños causados a los Everglades sean completamente remediados”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. “Este espectáculo político fue un fracaso en todos los sentidos; el gobierno le falló a los Everglades y también a los contribuyentes”.
Según las organizaciones demandantes, el complejo fue construido sin realizar las revisiones ambientales requeridas por leyes federales como la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley Nacional de Política Ambiental.
El área donde se encuentra el centro de detención está rodeada por la reserva nacional de Big Cypress, un ecosistema que protege humedales de alta sensibilidad ecológica y especies amenazadas como la pantera de Florida y el murciélago bonneted, considerado en peligro crítico.
“Alligator Alcatraz es una mancha para nuestra nación y una herida para los Everglades”, afirmó Elise Bennett, directora para Florida y el Caribe del Center for Biological Diversity. “Ahora es momento de exigir la restauración total del área y garantizar que una tragedia como esta nunca vuelva a repetirse”.
La demanda fue presentada originalmente en junio de 2025 contra el U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement, la División de Manejo de Emergencias de Florida y el condado Miami-Dade. Posteriormente, la Miccosukee Tribe of Indians of Florida se unió al litigio, argumentando que varias de sus comunidades se encuentran cerca de la instalación.
Los demandantes sostienen que las autoridades estatales y federales ignoraron los requisitos legales antes y después de la construcción del centro, incluyendo permisos ambientales, análisis de impacto ecológico y protección de recursos históricos.
“Los funcionarios responsables de este centro de detención sin ley deben rendir cuentas”, expresó Tania Galloni, abogada regional de Earthjustice en Florida. “El costo para el medio ambiente, los contribuyentes y la dignidad humana ha sido demasiado alto”.
Los grupos conservacionistas también advirtieron que el eventual cierre del centro no resolvería automáticamente el impacto causado en la zona. Entre las preocupaciones destacan el cercado, la iluminación industrial, el pavimento y otra infraestructura instalada dentro del ecosistema protegido.
“Los daños provocados por este proyecto irresponsable no pueden simplemente abandonarse y olvidarse”, señaló el abogado Paul J. Schwiep, representante legal de las organizaciones ambientalistas. “Toda la infraestructura construida sin permisos ambientales debe ser removida y cualquier daño remanente debe ser reparado”.
El posible cierre del centro ocurre pocos días antes de que el caso regrese al Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, luego de haber permanecido paralizado mientras la corte de apelaciones evaluaba asuntos jurisdiccionales.
Friends of the Everglades fue fundada en 1969 por la ambientalista Marjory Stoneman Douglas con el propósito de preservar y proteger los Everglades. Por su parte, Center for Biological Diversity cuenta con más de 1.8 millones de miembros y activistas dedicados a la protección de especies en peligro y ecosistemas naturales en Estados Unidos.