En vísperas de Año Nuevo, casi toda Puerto Rico quedó sumida en la oscuridad debido a fallas en su red eléctrica, una de las crisis de infraestructura más graves en Estados Unidos. Este colapso recurrente del sistema eléctrico subraya no solo los problemas técnicos y económicos, sino también el estatus político de la isla como territorio no incorporado de Estados Unidos.
El Apagón: Una Tragedia Recurrente
La red eléctrica de Puerto Rico, caracterizada por su ineficiencia y envejecimiento, ha sido incapaz de garantizar un suministro confiable de energía a los tres millones de ciudadanos estadounidenses que residen en la isla. Esta crisis se ha agravado en los últimos años, especialmente tras el devastador paso del huracán María en 2017, que dejó a gran parte de la población sin electricidad durante meses.
Un Problema de Infraestructura y Estatus
El colapso del sistema eléctrico en Puerto Rico es solo un síntoma de un problema más profundo: su estatus político como colonia de Estados Unidos. A pesar de ser ciudadanos estadounidenses, los puertorriqueños no tienen derecho a votar en elecciones federales, carecen de representación en el Colegio Electoral, y cuentan con un delegado sin derecho al voto en la Cámara de Representantes.
Esta falta de representación limita la capacidad de los puertorriqueños para influir en decisiones clave que afectan directamente sus vidas, incluyendo la asignación de fondos federales para reparar su red eléctrica y mejorar otros servicios básicos.
¿Una Solución a la Vista?
El apagón en Año Nuevo ha reavivado el debate sobre el futuro de Puerto Rico, incluyendo su relación política con Estados Unidos. Mientras algunos abogan por la estadidad como solución a las desigualdades políticas y económicas, otros ven la independencia como una oportunidad para que Puerto Rico recupere el control total sobre sus asuntos.
En cualquier caso, el apagón es un recordatorio contundente de la urgente necesidad de acción para abordar tanto la crisis de infraestructura como el estatus político de la isla. Mientras Puerto Rico continúe siendo tratado como una ciudadanía de segunda clase, su población seguirá enfrentando desafíos desproporcionados que afectan su calidad de vida.