El congresista federal Maxwell Alejandro Frost, junto a otros legisladores demócratas, realizó un viaje reciente a El Salvador con el objetivo de visibilizar el caso de Kilmar Abrego García, un hombre deportado durante la administración Trump y actualmente detenido en una prisión salvadoreña. El recorrido fue organizado de forma urgente y no contó con el respaldo oficial del Congreso, lo que generó controversia en Washington.
“Junto con el congresista Robert Garcia, organizamos el viaje casi de manera exprés. Fuimos acompañados por el abogado de la familia García y coordinamos reuniones clave para visibilizar el caso”, explicó Frost. A pesar de los esfuerzos, a la delegación se le negó el acceso para visitar a García en prisión, bajo el argumento de que no se trataba de una delegación oficial del Congreso.
“Esto va más allá de Kilmar Abrego García. Es una lucha por el debido proceso, por el estado de derecho. Queremos evitar llegar a un punto en el que ciudadanos estadounidenses sean deportados sin ninguna garantía legal”, enfatizó Frost. El congresista también expresó su apoyo a una propuesta del líder demócrata Hakeem Jeffries que buscaría declarar al gobierno en desacato por no cumplir con una orden de la Corte Suprema que exige el retorno de García.
Frost explicó que decidió unirse al viaje luego de recibir múltiples mensajes de sus constituyentes pidiéndole acción. “Fui a este viaje porque muchos de mis constituyentes me contactaron en masa pidiéndome que hiciera algo al respecto”, afirmó.
Al ser cuestionado sobre cómo equilibra este tipo de acciones con otros temas urgentes, Frost respondió: “Soy miembro del Congreso. Tenemos que poder hablar, comunicar y actuar en múltiples temas al mismo tiempo”. Señaló que puede viajar para abogar por el estado de derecho en el extranjero, y regresar para atender preocupaciones como el alto costo de vida, los recortes a Medicaid o los beneficios para veteranos.
La delegación enfrentó obstáculos burocráticos. A pesar de haber solicitado una delegación oficial, la petición fue rechazada por el congresista republicano James Comer, quien lidera el Comité de Supervisión de la Cámara. “No solo lo negó, sino que nos envió una carta muy poco profesional, que probablemente fue escrita por la misma administración”, denunció Frost.
Aun así, la comitiva sostuvo una serie de reuniones, incluyendo una extensa conversación con el embajador estadounidense en El Salvador. “Parte fue clasificada, pero salimos con la impresión de que no ha habido comunicación de la administración con nuestro equipo en el terreno para facilitar la liberación de García”, explicó.
Como resultado de la presión ejercida, la administración presentó un documento ante la corte indicando que comenzará a brindar actualizaciones regulares sobre el estado de García. “Sabemos que está en una instalación en Santa Ana. No es todo lo que queríamos, pero al menos ahora sabemos dónde está y que está bien”, agregó Frost.
Finalmente, el legislador subrayó la importancia de mantener la atención pública sobre el caso: “Sé que otros miembros del Congreso están planificando nuevos viajes. Mientras más vayamos, más presión habrá”.