El presidente Abelardo De La Espriella reunió en Barranquilla a representantes de algunos de los grupos económicos más poderosos del país. La cumbre dejó compromisos de financiación, créditos de vivienda al 8 % efectivo anual y una visita conjunta al Chocó. Los aportes privados superan los $2 billones, pero la reconstrucción podría costar al menos $30 billones. Para las más de 314.000 personas afectadas, la verdadera prueba será que los anuncios se conviertan rápidamente en viviendas, colegios, hospitales, carreteras y oportunidades económicas.
La reunión celebrada en Barranquilla entre el presidente Abelardo De La Espriella y representantes de algunos de los mayores grupos empresariales de Colombia revela mucho más que una estrategia para conseguir recursos después del terremoto del 10 de agosto. Es también una señal sobre el modelo con el que el nuevo Gobierno pretende enfrentar su primera gran crisis: combinar la capacidad del Estado con el músculo financiero y operativo del sector privado.
Participaron Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés, empresarios vinculados con sectores como banca, construcción, alimentos, comercio y seguros. Presidencia confirmó que uno de los acuerdos alcanzados fue reducir al 8 % efectivo anual la tasa de determinados créditos de vivienda para damnificados durante toda la vida del préstamo. También se programó una visita conjunta al Chocó para el 7 de septiembre.
Una alianza necesaria, pero insuficiente
La decisión tiene lógica económica. El Gobierno enfrenta una factura gigantesca. Las primeras estimaciones oficiales sitúan los daños alrededor de $30 billones, de los cuales $24,5 billones corresponden a edificaciones y $5,5 billones a infraestructura. Reuters confirmó que se trata todavía de cálculos preliminares.
Frente a semejante desafío, pretender que el Estado reconstruya solo sería poco realista. La banca puede proporcionar financiación; las constructoras, capacidad técnica; las aseguradoras, mecanismos de cobertura; y las grandes empresas, recursos y logística.
El Gobierno asegura además que ya se han movilizado apoyos privados por más de $2 billones, entre donaciones y alivios financieros. Solo Asobancaria anunció un programa de alivios por $1,1 billones, mientras Grupo Bolívar y Davivienda comprometieron $110.000 millones y otras compañías han realizado aportes adicionales.
Pero hay una diferencia fundamental entre movilizar recursos y reconstruir territorios.
Ahí comenzará la verdadera prueba.
El ciudadano debe estar en el centro
La reducción de las tasas hipotecarias puede representar un alivio importante para hogares con capacidad de endeudamiento. Sin embargo, muchos damnificados podrían haber perdido simultáneamente vivienda, empleo, negocio y patrimonio.
Para una familia sin ingresos estables, incluso un préstamo barato puede resultar inaccesible.
Por eso la reconstrucción necesitará combinar crédito con subsidios, ayudas de arrendamiento, reconstrucción directa y respaldo especial para pequeños comerciantes y trabajadores informales. El propio Gobierno ha anunciado alivios en servicios públicos, subsidios de vivienda y mecanismos para pequeños empresarios.
El criterio central debe ser sencillo: la reconstrucción tiene que llegar primero a quienes más difícilmente podrían reconstruirse solos.
Chocó será una prueba decisiva
La anunciada visita del Gobierno y los empresarios al Chocó tiene un valor especial.
El departamento no necesitaba únicamente reconstrucción después del terremoto; necesitaba desarrollo desde mucho antes. De La Espriella ha planteado que la recuperación sirva para atender deudas históricas de infraestructura e inversión.
Esa intención será positiva si se convierte en carreteras, hospitales, colegios, vivienda digna, conectividad y empleo local.
Reconstruir exactamente las mismas condiciones de precariedad que existían antes del sismo sería perder una oportunidad histórica.
La transparencia será tan importante como el dinero
La cooperación entre Gobierno y grandes empresarios no debe verse automáticamente como algo negativo. Colombia necesita esa capacidad financiera.
Pero cuanto mayores sean los recursos, mayor deberá ser el control ciudadano.
El país debería poder conocer cuánto aporta cada actor, dónde será invertido, quién contratará las obras, cuáles serán los plazos y qué municipios recibirán los recursos.
La reunión de Barranquilla muestra que existe capacidad para movilizar capital rápidamente. Ahora viene lo difícil: convertir ese capital en resultados.
Para los damnificados, la reconstrucción no se medirá en fotografías con empresarios ni en cifras de billones.
Se medirá en algo mucho más concreto: volver a tener una casa segura, un colegio abierto, un hospital funcionando y una oportunidad para recuperar su vida.
