El presidente electo Donald Trump ha propuesto una ambiciosa y controversial estrategia de deportación masiva que pone a Estados Unidos en terreno desconocido, según organizaciones que abogan por los inmigrantes.
“Estamos profundamente preocupados por el impacto que esto tendrá en nuestra comunidad,” afirmó Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo del Hope CommUnity Center, ubicado en Apopka, un lugar que alberga una significativa población inmigrante.
Por otro lado, el analista republicano Peter Vivaldi sostiene que, aunque los detalles específicos sobre cómo se implementarán estas medidas aún son desconocidos- “El mensaje sigue siendo claro y constante y el enfoque continuará en las deportaciones y la construcción del muro fronterizo”, aseguró.
Vivaldi opina que, aunque se desconocen los detalles específicos sobre cómo se implementarán estas medidas, es poco probable que la administración federal intente convertir a las policías locales en agentes de inmigración. Argumenta que la policía estatal ya tiene suficientes responsabilidades, por lo que no es su labor asumir tareas de inmigración. No obstante, anticipa que las autoridades federales podrían ampliar su poder en ciertos lugares, especialmente en estados donde existen esfuerzos por limitar la aplicación de estas políticas de inmigración.
Mientras tanto, Florida alberga a más de 22,000 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglás en inglés) y alrededor de 295,000 personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), en su mayoría de origen venezolano y haitiano.
El estatus legal de estos grupos podría verse en peligro, ya que Trump ha prometido rescindir los permisos de estadía y trabajo para aquellos protegidos por programas temporales. Además, las familias con estatus mixto –donde algunos miembros son ciudadanos o residentes permanentes y otros están a la espera de audiencias de asilo– podrían enfrentar una separación forzada y abrupta si el nuevo plan se concreta. En este sentido, Sousa-Lazaballet subraya que el Hope CommUnity Center se mantendrá firme en su compromiso de apoyar a estas familias.
Sousa-Lazaballet mencionó que Trump prometió aplicar la ley para llevar a cabo la deportación de inmigrantes, que bautizó como Operación Aurora, en referencia a la ciudad homónima de Colorado, donde supuestamente operaba la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Según Sousa-Lazaballet, las organizaciones comunitarias han comenzado a tener conversaciones difíciles para preparar a las familias para las posibles repercusiones de estas políticas. Hope CommUnity Center, por ejemplo, está en contacto con ciudades y condados, como Orlando y Orange, que han mostrado una mayor apertura hacia políticas inclusivas para proteger a las comunidades inmigrantes.
“Estamos trabajando para garantizar que nuestra comunidad pueda acceder a los recursos y proteger sus derechos en este contexto difícil”, explica Sousa-Lazaballet.
Además, el American Immigration Council estima que una deportación masiva de estas características podría costarle a Estados Unidos al menos 315 mil millones de dólares y reducir el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre un 4.2% y un 6.8%. Esto, en términos prácticos, significa que la economía estadounidense perdería cerca de un billón de dólares en una década debido a la salida de personas que realizan trabajos esenciales en sectores como la agricultura, el turismo y la construcción.
Mientras tanto, Vivaldi opina que la derrota del partido demócrata en las recientes elecciones se debió, en gran parte, a que no supieron escuchar las demandas de los votantes en temas como la economía y el costo de vida.
Según Vivaldi, los demócratas centraron sus esfuerzos en temas como el aborto y la “agenda woke”, una expresión que en este contexto se refiere a un enfoque sobre temas de justicia social que a menudo es criticado por algunos sectores conservadores. “El mensaje de los demócratas no estaba conectando con las preocupaciones reales de la gente como son el costo de vida”, afirma Vivaldi, quien sostiene que el 46% de los latinos, incluyendo mexicanos y puertorriqueños, apoyaron a Trump.
Melissa Marantes, fundadora del Orlando Center for Justice, una organización de apoyo a los inmigrantes considera que, aunque no cree que las deportaciones ocurran de inmediato, probablemente se incrementarán durante los primeros meses del mandato de Trump. “Sí veo probable que se establezca un plan, especialmente en lo que respecta a la deportación de criminales o personas que han infringido repetidamente la ley al cruzar la frontera,” expresó.
Para Marantes, la preocupación no solo se centra en los inmigrantes latinos; personas de otros países, como Irán y otros de Asia, también podrían verse afectadas por estas políticas. Al preguntarle sobre la posibilidad de que la administración de Trump use a la policía local como agentes de inmigración, ella señala que es poco probable que se dé ese enfoque, debido a los retos que enfrentan ya los departamentos de policía con sus propias responsabilidades locales.
La abogada de inmigración también destaca que, aunque hay estados y ciudades que promueven políticas para proteger a los inmigrantes, estas medidas pueden entrar en conflicto con las leyes federales. “Al final, la autoridad en temas de inmigración recae en el gobierno federal,” puntualiza Marantes.
Un equipo polémico en la administración de Trump
Las primeras designaciones de Trump sugieren que cumplirá con sus promesas de campaña respecto a la inmigración. Stephen Miller, quien fue un asesor clave durante el primer mandato de Trump y arquitecto de la prohibición de viajes de 2017, será el nuevo subjefe de personal para políticas en la Casa Blanca, bajo las órdenes de Susie Wiles, directora de la campaña de Trump. Además, Tom Homan, exdirector de ICE, será el “zar de la frontera”, según lo anunció Trump en sus redes sociales.
Homan ha sido una figura polémica por su enfoque estricto en las políticas migratorias y recientemente declaró que la magnitud de la crisis migratoria requiere medidas agresivas, respondiendo así a las críticas sobre la separación de familias que tuvo lugar en el primer mandato de Trump.
Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, emitió una declaración asegurando que, a pesar de los resultados de las elecciones, la lucha del partido demócrata continuará.
Fried prometió que, en los próximos cuatro años, el partido se organizará y movilizará para responsabilizar a los republicanos y defender la libertad y democracia en el estado. Según ella, la única forma de recuperar el poder político en Florida es permaneciendo en la lucha activa.
Finalmente, Vivaldi advierte que, si el Partido Demócrata no cambia su enfoque, especialmente hacia la economía y los problemas reales que enfrenta la nación, “podría ser aún más devastador en cuatro años. Tienen que reinventarse, como lo hicieron los republicanos cuando hubo una crisis interna. Muchos dijeron que no eran del partido republicano porque se había vuelto muy extremista, pero ahora es momento de que el partido demócrata reflexione. Tienen que decidir si van a centrarse más en el medio o seguir con el mismo mensaje que no fue ganador”, advirtió.