La administración estadounidense revoca la medida que permitía a migrantes venezolanos gozar de 18 meses adicionales de protección y permiso de trabajo, reactivando el proceso migratorio que podría dejar a muchos sin documentación tras el vencimiento del plazo actual.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la cancelación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una medida que en su momento brindaba a estos migrantes protección contra la deportación y la posibilidad de trabajar legalmente por 18 meses adicionales.
El TPS, implementado para personas provenientes de países afectados por desastres naturales, conflictos u otras circunstancias extraordinarias, se estableció inicialmente para Venezuela el 9 de marzo de 2021, dada la profunda crisis política, social y económica que ha obligado a millones de venezolanos a buscar refugio en el exterior.
La nueva secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó en una entrevista con Fox News que se ha firmado una orden ejecutiva en el DHS para poner fin a esta extensión. Según sus declaraciones, “estas personas iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses”, señalando que el gobierno evaluará cada caso individualmente, incluyendo a aquellos relacionados con el denominado “Tren de Aragua”.
A partir de ahora, los venezolanos que ya cuentan con el TPS mantendrán su estatus hasta la fecha de vencimiento que figura en sus casos, prevista para el 10 de septiembre de 2025. Una vez cumplido ese plazo, quienes no logren obtener otra categoría migratoria válida quedarán en situación irregular, aunque algunos podrían acceder a asilo si logran demostrar persecución por motivos políticos, religiosos o de pertenencia a grupos específicos.
El programa TPS actualmente beneficia a más de un millón de personas de 17 nacionalidades diferentes, y, según Noem, el Departamento de Estado sigue trabajando para coordinar el regreso de los ciudadanos a sus países de origen. Además, la posibilidad de utilizar instalaciones como la base naval de Guantánamo para el procesamiento de migrantes irregulares sigue siendo evaluada, dejando en claro que la administración busca reforzar la seguridad nacional mediante el uso de todos sus recursos disponibles.