El condado de Orange colaborará con ICE para reforzar la detención de inmigrantes
El condado de Orange anunció que trabajará de la mano con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para fortalecer las acciones de detención de inmigrantes en la región. La colaboración busca mejorar la coordinación entre las autoridades locales y federales en la ejecución de órdenes de remoción.
Durante una sesión reciente, en medio de un intenso debate, las comisionadas Nicole Wilson, Mayra Uribe, Maribel Gómez-Cordero y Kelly Martínez Semrad,expresaron sus reservas sobre la severidad de la medida.
“Consideramos que la medida es demasiado contundente y podría vulnerar derechos fundamentales”, señaló Wilson.
Wilson insistió en sus reservas sobre el acuerdo. “Este documento, tal como está redactado, me parece que libera los derechos de nuetros potenciales acusados. Muchos de los detenidos en nuestras instalaciones no han tenido el proceso completo de sus casos, y la colaboración se describe en términos de promover la seguridad pública facilitando la transferencia de custodia, sin especificar que se requiere la finalización del proceso judicial”.
Las funcionarias señalaron que, si bien es importante garantizar la seguridad pública, es necesario evaluar cuidadosamente el impacto de dicha colaboración en la comunidad. A su juicio, la implementación de estas políticas podría generar tensiones y afectar negativamente la relación entre las autoridades locales y los sectores vulnerables.
Por su parte, representantes del condado afirmaron que la cooperación con ICE es imprescindible para cumplir con las obligaciones federales y mantener el orden público. “Estamos comprometidos a trabajar de manera coordinada para asegurar que las leyes se apliquen de forma justa y eficiente”, indicó Deminga. indicaron en declaraciones
El Memorando de Acuerdo con ICE para participar en el Programa de Oficiales de Servicio de Órdenes (WSO por sus siglas en inglés), establece que el personal seleccionado del Departamento de Correcciones del Condado (OCCD) será entrenado, certificado y aprobado por ICE para facilitar la transferencia de custodia de detenidos sin estatus legal para su deportación en el momento de su liberación de custodia criminal.
El nuevo programa impone procedimientos adicionales en cuanto a notificaciones y seguimiento. Así, si un miembro del personal que ha recibido capacitación especializada enfrenta una queja o acción disciplinaria, se notificará inmediatamente a ICE. Además, se ha instruido al personal supervisor a llevar un registro detallado —mediante hojas de cálculo— de cada interno que deba recibir el mandato, anotando el tiempo de inicio y finalización del proceso, que en otras jurisdicciones como Osceola y Seminole toma aproximadamente 30 minutos por caso llamar a ICE.
En cuanto al costo, las autoridades señalan que resulta demasiado pronto para establecer una cifra precisa, ya que dependerá del número anual de internos detenidos bajo este mandato. Datos preliminares indican que en 2024 se registraron 1,016 internos con mandatos de ICE, de los cuales aproximadamente el 44% no tenían cargos estatales, mientras que el resto enfrentaba al menos un cargo.
En lo que va del 2025, 626 internos han sido registrados bajo este mandato, mostrando proporciones similares entre cargos estatales y federales. Es importante destacar que los cargos estatales se refieren a delitos locales, independientes de las detenciones por ICE, y se gestionan a través de acuerdos contractuales en los que el gobierno federal reembolsa diariamente a los condados por aquellos detenidos que enfrentan únicamente cargos federales.
Durante la reunión, Luis Quiñones, jefe de la Correccional del Condado de Orange, estimó que entre 50,000 y 75,000 personas podrían verse afectadas por alguna intervención de ICE.
Actualmente, existen alrededor de 10,000 órdenes de remoción firmadas en la región, cifra que el sheriff advierte podría incrementarse a 20,000 en las próximas semanas, según datos provisionales proporcionados por funcionarios federales.
La Florida Association of Counties ha presionado a las jurisdicciones locales para que firmen el acuerdo antes de una fecha límite. “Si no se firma el acuerdo, se corre el riesgo de perder fondos federales. No se trata de alterar la metodología de reembolso que ya aplicamos; es una cuestión de cumplir con la ley y evitar sanciones”, dijo Jerry Demings, alcalde del condado de Orange.
Las autoridades locales ya están en comunicación activa con ICE y otros gobiernos estatales para obtener mejores proyecciones sobre el número de individuos que podrían integrar el sistema de deportación.
Este acuerdo, que forma parte del esfuerzo del condado de Orange por cumplir con las regulaciones federales y optimizar sus procesos internos, marca un punto de inflexión en la colaboración entre autoridades locales y federales, ante la creciente presión sobre la gestión de detenidos y las políticas migratorias.
La comisión acordó promulgar una ordenanza el 22 de abril. Uribe dijo que con esta medida se protegerían los derechos de los inmigrantes en el condado de Orange
“No podemos simplemente aceptar lo que quieren imponer; tenemos que preguntarnos qué podemos hacer en este sentido”, expresó la comisionada Martínez Semrad.
Uribe señaló que muchas familias desconocen el paradero de sus seres queridos tras una detención y que el acceso a la información es limitado. “Hemos escuchado casos donde un abogado tardó cinco días en localizar a su cliente, quien ya había sido trasladado a Miami. La comunidad tiene derecho a saber dónde están sus familiares”, enfatizó.
Insistió en que es fundamental garantizar el cumplimiento de las 72 horas que establece la ley para que el gobierno federal actúe: “Queremos que todos sepan que tienen derecho a un abogado, que conozcan el plazo de 72 horas y qué deben hacer si son detenidos. No podemos permitir que el miedo paralice a nuestra comunidad”.
“Las personas que votaron en contra de este acuerdo son verdaderas heroínas de nuestra comunidad. Son líderes que priorizan el bienestar de nuestra gente por encima de cualquier otra consideración”, expresó Felipe Sousa, director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka.
Sousa destacó el apoyo de la comisionada de origen mexicana-americana y de una comisionada anglosajona que se opusieron a la medida. “Este es un momento crucial para nuestra comunidad. Debemos sentirnos fortalecidos, pero también entender que la lucha continúa. Este acuerdo facilita las deportaciones, permitiendo que la inmigración tenga mayor acceso para arrestar y deportar a nuestros inmigrantes con más facilidad”, advirtió.
En respuesta, Sousa anunció la creación de una coalición llamada “Los Inmigrantes Están Bienvenidos Aquí”, integrada por más de 30 organizaciones que trabajarán en defensa de la comunidad inmigrante. “Nuestro mensaje para la comunidad es claro: no tengan miedo. La lucha es eterna, pero juntos somos más fuertes”, afirmó.
El activista también alertó sobre la situación migratoria en Florida, donde alrededor de 700,000 personas enfrentan procesos de deportación. “Muchos de ellos son padres, madres y miembros fundamentales de nuestras comunidades. Además, más de 500,000 personas con TPS, incluyendo venezolanos y haitianos, están en riesgo de perder su estatus. Este es un momento crítico en el que debemos mantenernos firmes y seguir luchando”, concluyó Sousa.