Ayer miércoles, un juzgado en El Salvador instaló un juicio contra el expresidente del país centroamericano, Mauricio Funes. El motivo, una supuesta tregua con la Mara Salvatrucha.
Negociar a la sombra con las pandillas de El Salvador, ha colocado en la mira al expresidente Mauricio Funes, quien desde otro país enfrentará el juicio.
Residente actual de Nicaragua, Funes goza de la protección del mandatario Daniel Ortega, quien le facilitó la nacionalidad nicaragüense con el fin de evitar su extradición.
Cabe mencionar que en este juicio también es procesado quien fuera su ministro de Seguridad, el general David Munguía Payes.
Como recordatorio, una reforma penal aprobada en septiembre de 2022, permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que Funes enfrenta el proceso aún sin presentarse.
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Entre los delitos que enfrenta el ex presidente Funes, se encuentran los cargos asociados a agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
De ser encontrado culpable, la condena podría ascender a los 11 años de cárcel.
En lo que respecta a Munguía, enfrenta los mismos cargos más el delito de actos arbitrarios. Su pena podría sumar alcanzar los 15 años de prisión.
Cobijado por Ortega, Funes se autoproclama un “perseguido político” y ha negado rotundamente cada una de las acusaciones, a las que describe como “ridículas”.
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Aseveró que de todos los juicios montado en su contra, “este es el más débil de todos”. Y sostiene que la FGR no ha presentado pruebas de los delitos que le imputa.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente detalló que los negociadores de la tregua no actuaron en representación del gobierno.
En el proceso judicial conocido como "la tregua" las imputaciones de la FGR son ridículas.
Me acusan de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
A qué organización ilícita pertenecí mientras fui Presidente? Con quién o quiénes me asocié para cometer algún delito?— Mauricio Funes (@FunesCartagena) April 25, 2023
Por el contrario, subrayó que su rol no fue negociar concesiones ni beneficios, sino que buscaban observar el proceso de tregua que establecieron los pandilleros.
Actual presidente de El Salvador también es señalado
Como era de imaginarse, las comparaciones entre la administración de Funes y el gobierno en turno, liderado por Nayib Bukele, no se hicieron esperar.
Diversos medios de comunicación, han acusado al gobierno de Bukele de las mismas prácticas, asegurando que este también ha entablado negociaciones con pandilleros.
El periódico salvadoreño ‘El Faro’, ha presentado presuntas pruebas que documentan negociaciones de funcionarios del gabinete de Bukele con la delincuencia organizada.
Asimismo, compartieron una acusación de la Fiscalía de los EE.UU. contra miembros de la Mara Salvatrucha, presentada en la corte federal de la ciudad de Nueva York.
Dentro del documento, señalan a dos altos funcionarios del gobierno del presidente Bukele por presuntas negociaciones con la pandilla.
El intercambio apunta a una una reducción de homicidios a cambio de probables beneficios entre los años 2019 y 2021.
Lo cierto es que ni en El Salvador ni dentro de los Estados Unidos, existe una acusación formal contra funcionarios de la administración del presidente Bukele al respecto.
Funes pide que también se investigue a representantes de la OEA
Con respecto al juicio en contra de Funes, la FGR precisó que se realizó una intervención a los medios de telecomunicación, mediante los cuales se obtuvo la información.
Estas acusaciones, reportan que se retiró a los cabecillas de la prisión de máxima seguridad y los trasladaron a otros centros penitenciarios menos rigurosos.
Allí, pandilleros en libertad visitaban a los líderes con la finalidad de trazar sus futuras “agendas” delictivas.
Las autoridades, también han sido señaladas de permitir a los criminales el ingreso de aparatos electrónicos, así como de recibir visitas e incluso realizar fiestas.
Para Funes, si la presencia de los observadores en las reuniones con pandilleros es ilegal, también deben ser “acusados los representantes de la OEA”.
Pero el reclamo no cesó ahí, pues también señaló al monseñor Fabio Colindres, quien actuó como delegado de la iglesia católica y al Comisionado Mauricio Arriaza, delegado de la PNC.
Quien sí se presentó en la sala de audiencia fue Munguía, sin embargo evitó cruzar palabra con la prensa, limitándose a decir que por recomendación de sus abogados, no dirá nada.