El polémico centro para migrantes, impulsado por la administración de Ron DeSantis, habría costado cientos de millones de dólares y el gobierno federal considera que su operación es ineficiente
Ochopee, FL — El estado de Florida mantiene conversaciones preliminares con la administración del presidente Donald Trump para cerrar el controvertido centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en el corazón de los Everglades, según reveló un reporte publicado por The New York Times.
La instalación, inaugurada el verano pasado bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, ha sido objeto de críticas desde su apertura debido a sus elevados costos operativos y cuestionamientos sobre su efectividad.
De acuerdo con personas cercanas al gobernador citadas por el medio estadounidense, las conversaciones sobre un posible cierre aún se encuentran en una etapa inicial. Sin embargo, funcionarios del Department of Homeland Security habrían concluido que mantener el centro en funcionamiento resulta demasiado costoso para el gobierno federal.
Un funcionario federal citado en el reporte aseguró que el DHS considera actualmente que el centro es “ineficiente” en relación con los recursos invertidos para su operación.
Según el informe, la administración de DeSantis ha estado gastando más de un millón de dólares diarios para operar el complejo, mientras varios contratistas privados encargados de administrar las instalaciones han tenido dificultades para sostener los costos.
Hasta el mes pasado, el centro albergaba cerca de 1,400 detenidos, todos hombres, según datos de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Desde el inicio del proyecto, DeSantis aseguró que el gobierno federal cubriría los gastos de funcionamiento del centro. Sin embargo, Florida todavía no ha recibido el reembolso federal estimado en 608 millones de dólares correspondiente a las operaciones realizadas durante el último año.
La posible clausura del centro representaría un cambio significativo en una de las iniciativas migratorias más polémicas impulsadas por Florida en los últimos años. El proyecto fue promovido como una medida de mano dura frente a la inmigración irregular, pero organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de migrantes criticaron las condiciones del lugar y su impacto ambiental dentro de los Everglades.
Hasta el momento de la publicación del reporte, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la División de Manejo de Emergencias de Florida habían emitido comentarios oficiales sobre las negociaciones.
