El liderazgo de la legislatura de la Florida y el gobernador Ron DeSantis han enfilado sus cañones contra la comunidad inmigrante indocumentada, con propuestas de leyes antiinmigrantes.
Los proyectos de ley amenazan hasta con penas de cárcel a las personas y grupos que les prestan servicios.
El Centro Comunitario la Esperanza (HOPE, por sus siglas en inglés) en Apopka, una institución de trabajo social anclada en la fe católica y fundada hace cinco décadas por tres monjas, rechaza enérgicamente dichas propuestas.
DeSantis, ampliamente visto como un candidato presidencial de 2024, está pidiendo a la Legislatura que tome medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. El gobernador republicano llegó a los titulares nacionales el año pasado cuando llevó a docenas de inmigrantes de Texas a Martha’s Vineyard.
La monja Ann Kendrick fundadora de HOPE y su director ejecutivo, Felipe Souza-Lazaballet, advierten que los proyectos de ley atentan contra su derecho constitucional de practicar su fe.
Aún enfrentando el riesgo de ir a la cárcel, ellos se comprometen a seguir prestando servicios a los más de 16,000 inmigrantes y sus familias a los que asisten con programas de educación, salud y de derechos del trabajador en esta comunidad agrícola al noroeste de Orlando.
Sería ilegal transportar a un inmigrante indocumentado, así sea para llevarlo a la iglesia o al médico, lo cual sería punible hasta con cárcel.
Esto es particularmente dañino para organizaciones como HOPE que utilizan sus vehículos regularmente para transportar inmigrantes.
También sería particularmente cruel contra familias en las que hay diversos estatus migratorios dentro del mismo núcleo.
“Yo sería castigada con cinco o 15 cárcel si estoy transportando personas en mi carro, si llevo a alguien al hospital o a la escuela. En la biblia se habla sobre la importancia de ayudar al extranjero. Estas leyes no solo afectarían a inmigrantes, también a ciudadanos americanos”, aseguró Kendrick quien se ha unido en los pasados 50 años a los inmigrantes frente a todos los sistemas de opresión.
Bajo uno de los proyectos que se espera sea enmendado próximamente, los estudiantes elegibles para La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), conocidos como Dreamers, perderían el acceso a la matrícula más baja que pagan los residentes de la Florida.
Souza-Lazaballet, fue uno de los jóvenes activistas que caminaron 1500 millas de Miami a Washington en 2010 para crear conciencia sobre los Dreamers.
Los activistas realizarán una caravana hacia Tallahassee, la capital de Florida el 18 de abril.
“También el primero de mayo vamos a estar marchando otra vez en Downtown Orlando. Necesitamos que estén allá con nosotros porque debemos estar unidos más que nunca. Vamos a estar viajando a Tallahassee el día que se paga impuestos en Estados Unidos para decirle a nuestro gobernador y a los que están haciendo leyes en Tallahassee, que pagamos impuestos y que somos parte de la comunidad”, agregó Souza-Lazaballet.
Si las leyes pasan esto es lo que estaría en riesgo:
- · Se les exigiría a los hospitales que verifiquen el estatus migratorio de sus pacientes e informen el mismo al gobierno estatal. Esto puede ser letal porque infundirá miedo a buscar atención médica.
- · También en la mirilla: el estatus que permite a los Dreamers estudiar en universidades de la Florida pagando la tarifa de residentes.
- · E-Verify sería mandatorio, poniendo en riesgo nuestros cultivos y encareciendo los alimentos. Se estima que al menos un 50% de los trabajadores de la tierra son indocumentados.
Por su parte la legisladora demócrata demócrata Susan Valdés, proveyó una actualización de proyectos de ley que criminalizan a los samaritanos que brindan apoyo a los inmigrantes indocumentados.
“Los dueños de fincas pueden enfrentar penalidades fuertes porque están empleando a las personas que están indocumentadas y por esa razón yo creo que las empresas han rechazado este proyecto de ley, porque casi todos los agrícolas emplean a inmigrantes porque no hay nadie ciudadano americano que quiera hacer ese tipo de trabajo”, comentó la representante Valdés.
La sesión legislativa concluye el 5 de mayo. Las personas interesadas en participar en las manifestaciones pacíficas pueden visitar: https://www.hcc-offm.org/
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