Washington, D.C. — El congresista federal Morgan Griffith (republicano por Virginia) presentó un proyecto de ley que busca modificar las reglas de la ciudadanía por nacimiento en los territorios de Estados Unidos, una iniciativa que, de ser aprobada, limitaría ese derecho únicamente a los hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales nacidos en esos territorios.
La propuesta, denominada End Birthright Citizenship for Territories Act, surge tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Trump v. Barbara, que, según el congresista, dejó abierta la posibilidad de que el Congreso legisle sobre la ciudadanía en los territorios estadounidenses, ya que su situación jurídica es distinta a la de los 50 estados y el Distrito de Columbia.
¿Qué propone la iniciativa?
Actualmente, cualquier niño nacido en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte adquiere automáticamente la ciudadanía estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La legislación presentada por Griffith cambiaría esa norma para que, a partir de enero de 2027, solo obtengan automáticamente la ciudadanía quienes nazcan en esos territorios y sean hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
La medida no afectaría a los ciudadanos estadounidenses nacidos en los territorios, quienes seguirían teniendo la posibilidad de transmitir la ciudadanía a sus hijos.
Argumento del congresista
Griffith sostiene que la iniciativa busca combatir el llamado “turismo de nacimiento”, práctica mediante la cual ciudadanos extranjeros viajan a territorios estadounidenses para que sus hijos obtengan la ciudadanía al nacer.
“La decisión en el caso Barbara deja abierta la puerta para que el Congreso actúe respecto a la ciudadanía en los territorios estadounidenses. Estoy liderando este proyecto para cerrar ese vacío legal y evitar que ciudadanos extranjeros exploten nuestras leyes de ciudadanía”, afirmó el legislador al anunciar la propuesta.
Añadió que, aunque la medida se limita a los territorios, considera que es “el único paso que actualmente puede darse para proteger la ciudadanía estadounidense”.
¿Por qué solo aplicaría en los territorios?
El fundamento jurídico del proyecto radica en que la ciudadanía en los territorios no proviene directamente de la Constitución, sino de leyes aprobadas por el Congreso.
En contraste, en los 50 estados y Washington, D.C., la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, por lo que modificar ese derecho requeriría un cambio constitucional, según la interpretación de la Corte Suprema.
En los territorios, sin embargo, el Congreso otorgó la ciudadanía mediante legislación federal, principalmente a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, lo que significa que también podría modificar esas disposiciones mediante una nueva ley.
El caso de Puerto Rico
Puerto Rico es uno de los cuatro territorios habitados cuyos residentes reciben la ciudadanía estadounidense por disposición del Congreso. Los otros son Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte.
La única excepción es Samoa Americana, cuyos habitantes son considerados nacionales estadounidenses, pero no ciudadanos, debido a que el Congreso nunca les ha extendido formalmente la ciudadanía. En consecuencia, la ciudadanía automática por nacimiento no aplica actualmente en ese territorio.
Un debate con antecedentes históricos
La diferencia entre los estados y los territorios tiene su origen en los llamados Casos Insulares, una serie de decisiones judiciales emitidas a principios del siglo XX que definieron qué disposiciones de la Constitución se aplican en los territorios estadounidenses.
Además, desde 2010, dos tribunales federales de apelaciones han sostenido que las personas nacidas en los territorios no adquieren automáticamente los mismos derechos constitucionales relacionados con la ciudadanía que quienes nacen en los estados.
Próximos pasos
El proyecto deberá ser analizado por los comités correspondientes en la Cámara de Representantes antes de iniciar su trámite legislativo. Si avanzara en el Congreso y fuera aprobado por ambas cámaras, modificaría las normas vigentes sobre la ciudadanía por nacimiento en los territorios estadounidenses para los nacimientos ocurridos a partir de enero de 2027.
