La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó recientemente pausar las deportaciones de migrantes venezolanos detenidos en Texas bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, una norma que permite expulsiones rápidas durante guerras declaradas. Esta decisión representa un revés inesperado para la administración Trump, que ha utilizado esta ley para deportar a más de 100 venezolanos en el último mes.
La Corte ordenó al gobierno detener las remociones hasta nuevo aviso, en respuesta a desafíos legales impulsados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones. La medida fue criticada por los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, quienes expresaron su desacuerdo por la rapidez con la que se actuó, sin esperar el análisis de tribunales inferiores ni escuchar a todas las partes.
En su opinión disidente, el juez Alito señaló: “Me negué a unirme a la orden de la Corte porque no teníamos una buena razón para pensar que, dadas las circunstancias, emitir una orden a la medianoche era necesario o apropiado.” También advirtió que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial deben respetar el debido proceso: “El Ejecutivo debe proceder según los términos de nuestra orden en Trump v. J. G. G., y esta Corte debería seguir los procedimientos establecidos.”
Los abogados de la administración Trump habían solicitado al tribunal levantar la suspensión y permitir que los tribunales inferiores resolvieran las cuestiones legales y fácticas. Argumentaron que los detenidos recibieron notificaciones previas a sus deportaciones, dándoles oportunidad de presentar recursos de hábeas corpus.
Alito criticó duramente la decisión de la Corte, afirmando que fue un alivio “sin precedentes y jurídicamente cuestionable” concedido de manera apresurada: “La Corte emitió una medida sin dar oportunidad de fallo a los tribunales inferiores, sin escuchar a la parte contraria, dentro de las ocho horas posteriores a recibir la solicitud, con escaso respaldo fáctico, y sin ofrecer explicación alguna.”
La orden de la Corte afecta directamente a los migrantes detenidos en el Distrito Norte de Texas, aunque decisiones similares de suspensión temporal ya se habían emitido en otras jurisdicciones. Por ahora, el futuro de estas deportaciones queda en suspenso, mientras el debate legal continúa escalando en el sistema judicial.