Junta de supervisión fiscal asegura que no puede evitar que el dinero para reconstrucciones se vaya fuera de la isla en lugar de quedarse.

La JSF, siglas para la Junta de Supervisión Fiscal, confirmó ampliamente el no tener las herramientas suficientes para evitar que de algún modo, tras adjudicar contratos de fondos de recuperación, las agencias lo hagan de forma que provoquen que los fondos de reconstrucción se vayan a empresas fuera de la isla, en lugar de ser para la economía local.

Sin embargo, el flujo de ese dinero es uno de los factores que la Junta de Supervisión Fiscal tomó en cuenta para presentar proyecciones más realistas y optimistas en el Plan Fiscal, el cual ya aprobaron desde el jueves pasado. 

Uno de los cambios principales con respecto esto, dentro del plan, fue basado en el flujo de fondos federales, infiere que el gobierno podría volver a incurrir en un déficit se movió de 2036 a 2048.

El Plan Fiscal aprobado cuenta con una inyección $84,000 millones de distintas fuentes entre 2018 y 2035 que se usaría para ayuda directa a damnificados por huracanes y terremotos, así como reconstrucción. 

De este total, $47,000 millones vendrían de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), $7,000 millones de aseguradoras y $8,000 millones de otras fuentes federales, también se incluyen también $20,000 millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (CDBG-DR).

Lamentablemente la realidad es que esas cantidades no se quedan completamente en Puerto Rico y el propio plan les aplica fórmulas, basadas en experiencias de otras jurisdicciones y desastres pasados.

Por ejemplo, el estimado de impacto a la economía local de los fondos que se usan para la reconstrucción de utilidades públicas, como la red eléctrica, es de 15.5%. 

Hay otra parte de esos fondos, que la Junta no precisa, que se considera impacto en la forma de rendimiento económico a largo plazo que se tiene cuando se renuevan estas facilidades públicas de los fondos que se usan para reconstrucción de escuelas y propiedades residenciales y comerciales, el estimado de impacto local es 23.5%.

Esto implica que tanto como tres cuartas partes del dinero asignado no necesariamente se queda en la economía local, pues el Plan Fiscal plantea que hay tres formas en que los fondos puedan ayudar tras un desastre que impacte la economía.

Estás principalmente son, que van a levantar un capital público en la forma de infraestructura, también provocarán consumo de bienes y servicios directamente en la isla, o financiar programas y servicios que se prestan en la isla.

Un análisis del 2018 que hizo el Centro para una Nueva Economía encontró que, a esa fecha, solo el 10% de los fondos para después de un desastre habían sido asignados a compañías locales y el resto se había adjudicado a empresas de fuera de Puerto Rico.

La tendencia actual de los fondos de reconstrucción.

Al día de hoy la tendencia se mantiene porque cuando las agencias adjudican contratos con estos fondos no están poniendo como condición parámetros claros en cuanto a la contratación de recursos locales. 

Además, cuando ocurren contrataciones locales, es normal que, por ejemplo, la empresa que tiene el contrato con la agencia del gobierno de Puerto Rico cobre $300 por una posición bajo el contrato, pero realmente la pague solo una tercera parte de eso al profesional local que contrató y el resto se lo quede como costo administrativo, o ganancia.

La Junta está atendiendo esto, apuntó, mediante la reforma que empuja para enfocar el servicio público hacia el mérito, hablando de la mano de obra, dijo que no es un problema de escasez sino de adiestrar en esas áreas a la parte de la población que está desempleada.